Vizcaya reabre la guerra fiscal y baja del 35% al 30% el impuesto de sociedades

La Diputación de Vizcaya ha reabierto la guerra fiscal con la Administración central. El diputado general, el peneuvista Josu Bergara, anunció ayer importantes reformas del impuesto de sociedades que entrarán en vigor el próximo de enero. Consisten en reducir la tarifa general al 30%, frente al 35% del resto de España, y en establecer una cuota mínima para todas las empresas con base imponible positiva. El ministro de Economía, Pedro Solbes, criticó el proyecto y afirmó que "es ilógico" porque va en contra del proceso de acercar el IRPF y el impuesto de sociedades.

Entre las principales reformas que prepara la Diputación de Vizcaya destaca la posilidad de que las empresas realicen una nueva actualización de balances, el establecimento de vacaciones fiscales (drástica reducción del impuesto) por cuatro años para sociedades de nueva creación, y tarifas reducidas en casos especiales de solvencia y réntabilidad. La Diputación de Vizcaya argumenta que vuelve a promover la diferenciación fiscal para luchar contra las escasas posibilidades de crecimiento económico, debidas a la crisis de la industria tradicional y a las desfavorables condiciones del País Vasco "derivadas del clima permanente de violencia".La norma foral del nuevo impuesto de sociedades recogerá, 66 medidas, que serán acompañadas de un plan contra el fraude fiscal. La Hacienda de Vizcaya desea que estas, inciativas sean apoyadas por la rebaja paulatina de las tarifas de IRPF (sobre la que no tiene competencias). Los cálculos realizados señalan que la reducción de la tarifa general supondrá a corto plazo un descenso del 2% sobre la recaudación, cercana a los 14.000 millones en la provincia de Vizcaya y a los 25.000 en la comunidad vasca. Además, la tarifa se reducirá al 28% en los beneficios destinados a dividendos.

La ley de Concierto Económico establece que el impuesto ' de sociedades es para las entidades que tributen exclusivamente a las diputaciones vascas y para empresas que tributen conjuntamente en ambas administraciones y realicen en ese territorio al menos el 25% de la producción. Las diputaciones tienen competencia plena sobre este impuesto.

Apoyo del PP

Según el diputado de Hacienda de Vizcaya, Fernando Olmos, las diputaciones de Álava y Guipúzcoa han mostrado su "total receptividad" a las. medidas de reforma. Tras las últimas elecciones, los departamentos de Hacienda de las tres diputaciones quedaron en manos del PNV, lo que facilita la extensión de los cambios fiscales a toda la comunidad autónoma. El proyecto de Vizcaya no tendrá problemas para ser aprobado en las Juntas Generales (parlamento provincial), ya que cuenta con el apoyo del PP. La reforma incluye también una nueva actualización de balances para l periodo 1990 1996, la segunda desde que, en 1990, permitió regularizar los activos sin coste fiscal. Para empresas de nueva creación se introducen e forma permanente unas vacaciones fiscales limitadas a cuatro años, con bonificación decreciente de la base imponible desde el 99% el primer año hasta el 25% en el cuarto ejercicio. La compensación de pérdidas recibirá también un tratamiento más favorable ue el actual, al introducir la posibilidad de compensar pérdidas con. impuestos pagados con dos años de anterioridad. Hacia adelante, el periodo de compefisaci6n no tendrá límite, en lugar de los cinco años vigentes ahora.

Recursos judiciales

El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, criticó esos cambios fiscales, pero reconoció que la Diputación de Vizcaya tiene competencias. para realizarlos. Con anteriorioridad, las reformas puestas en marcha en el País Vasco generaron enfrentamientos que desembocaron en recursos ante los tribunales. Las decisiones judiciales han fallado a favor de las Diputaciones.La primera confrontación entre el gobierno central y las Haciendas vascas se produjo a finales de los años 80 tras ser aprobados diversos incentivos fiscales a la inversión. En 1993, el conflicto surgió al aprobarse en toda la comunidad autónoma vasca las vacaciones fiscales para empresas creadas en 1993 y 1994 con una inversión mínima de 80 millones de pesetas y, al menos, 10 trabajadores, entre otros requisitos. Las sociedades beneficiadas por la bonificación quedaron exentas del impuesto de sociedades por 10 años. La Hacienda central consideró entonces que las medidas provocarían distorsiones de la actividad económica en España. La actualización de balances fue recurrida en 1990.