De Conde a Moreiras

MARIO CONDE ha arrojado, ahora con alguna mayor precisión que otras veces, la sospecha del cohecho sobre las nada transparentes aguas del caso Argentia Trust, en el que se investiga el destino final de los 600 millones de pesetas con los que, según el ex banquero, se pretendía facilitar la obtención de exenciones fiscales a la proyectada Corporación Industrial y Financiera de Banesto en 1990, Se sabe que esos millones salieron de las arcas de ese banco por orden directa de Conde, pero se desconoce dónde fueron a parar. En cualquier caso, si el cohecho existió, consumado o en grado de frustración, su inductor no pudo ser otro que el propio Mario Conde.Hasta ahora la investigación sumarial realizada por el juez Moreiras apuntaba a que esa importante cantidad de dinero se quedó en manos de Conde. Las confusas e imprecisas declaraciones del antiguo presidente de Banesto ante el juez no permitían otra opción. De hecho, las exenciones, fiscales fueron concedidas en abril de 1990 y la salida de esa cantidad de las arcas de Banesto, sin la autorización de su comisión ejecutiva, tuvo lugar en julio siguiente. Ésa ha sido también, la opinión del ministerio fiscal al acusar a Conde, en su escrito de calificación de la causa, de un delito de apropiación indebida y de otro de falsificación en documento mercantil.

Pero la desconcertante iniciativa del juez Moreiras, aparentemente destinada a meter en la cárcel a Mario Conde, ha tenido el efecto de poner patas arribas toda la instrucción. En beneficio de Conde, al que, finalmente, no envió a la cárcel y a quien, en definitiva, exculpó de la principal acusación: la apropiación indebida de los famosos 600 millones. Y ello a cuenta de la insinuación del ex banquero de que esa cantidad podría haber ido a parar a manos de algunos dirigentes socialistas.

La inexplicable, y en modo alguno explicada, actuación de Moreiras también ha beneficiado al propio juez en sus expectativas de quedarse con el caso Conde al completo. De momento, Moreiras ha conseguido retrasar la apertura del juicio oral en el caso Argentia, lo que le hubiera hecho perder su jurisdicción sobre el caso, y mantiene abierta la posibilidad de seguir reclamando para sí el proceso por estafa y apropiación indebida de 7.000 millones que el juez García-Castellón instruye contra Conde. Ésta puede ser una de las claves, aunque no la única, de una iniciativa judicial unánimemente criticada por juristas y políticos y que ha escandalizado a todo el mundo. La concurrencia objetiva, aunque no sea intencionada, de los intereses de Conde y los deseos de Moreiras, es tan patente que no es extraño que haya hecho saltar todas las alarmas.

Al final, el embrollo que Moreiras ha creado con sus estrambóticas decisiones será desenredado. A ello tiende el recurso que el ministerio fiscal ha interpuesto de inmediato. Pero no basta con ello. Un juez que desconoce, o aparenta desconocer, que no está obligado a hacer lo que el fiscal le pide; que, en cambio, no consulta al fiscal, como es su obligación, cuando decide enviar a alguien a la cárcel, que se aviene a tomar declaración a un inculpado cuando sus abogados lo estiman pertirtente, y que la toma, además, sin la presencia del fiscal y del resto de las partes; que en virtud de esa declaración extemporánea decide por sí y ante sí exculpar a ese inculpado del principal delito, sin importarle que el fiscal ya haya formulado la correspondiente acusación; que pasa en pocas horas del rigor aparente de enviarle a la cárcel a la magnanimidad de librarle de ella y de exculparle: ese juez, además de un ignorante, es un peligro para la justicia y un factor permanente de alarma social.

El caso Banesto ha tenido la virtualidad de alumbrar a plena luz el caso Moreiras. Se gestaba desde hacía tiempo, pero, a partir de ahora ya no cabe duda de que tiene existencia propia. Ello explica el excepcional requerimiento que el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, ha hecho a Moreiras para que le informe de las diligencias practicadas desde el momento en que el fiscal remitió su escrito de acusación y solicitó la apertura del juicio oral. De esa iniciativa tendría que salir la respuesta adecuada a un caso que, más que a ninguna otra instancia o institución, interesa resolver a la propia justicia.