El Gobierno apela al "sentido común" y a razones jurídicas para no entregrar los papeles del Cesid

El Gobierno apela a "razones jurídicas muy fundamentadas y otras de sentido común" para no entregar el lunes la documentación del Cesid sobre la guerra sucia reclamada por el juez Baltasar Garzón al ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pentierra, a través del titular de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo pública esta posición al terminar el Consejo de Ministros. Felipe González, ausente el jueves en la recepción del Palacio Real por encontrarse con gripe, presidió ayer la reunión del Gabinete.

El juez Baltasar Garzón dio al ministro de Defensa un plazo, que termina el lunes, para que le entregue los papeles del Cesid mencionados por el coronel Juan Alberto Perote en sus declaraciones sobre el atentado de los GAL al Monbar, en el que perdieron la vida cuatro personas.La posición del Gobierno es inequívoca. No entregará los papeles porque, como insistió ayer el ministro de la Presidencia, al margen de su mayor o menor valor, "los secretos oficiales deben seguir siendo secretos, algo incompatible con que se les dé cualquier tipo de publicidad

El único marco que admite el Gobierno para dar a conocer los documentos del Cesid es el de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados.

El ministro de la Presidencia insistió en que no se interpretara la actitud del Gobierno ante los secretos oficiales como de rechazo a la colaboración con el magistrado Garzón. "Se ha producido, se está produciendo y se producirá siempre una colaboración del Gobierno con la Justicia en todo lo que ésta le solicite", dijo el ministro, quien expresó su confianza en que la opinión pública entienda la posición del Consejo de Ministros en este caso.

Pérez Rubalcaba, más allá de su negativa a entregar los documentos, no quiso desvelar la estrategia del Gobierno y evitó responder si acompañará la negativa con la interposición de un "conflicto de jurisdicción" entre el poder ejecutivo y el judicial. Estos conflictos los resuelve un órgano colegiado constituido por el presidente del Tribunal Supremo, y cinco vocales. "No queremos desvelar el juego", dijo ayer un alto cargo del Ejecutivo.

El diputado de Izquierda Unida (IU-IC) y catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido dijo ayer que no ve viable que el Gobierno inicie un conflicto jurisdiccional contra el juez Garzón al no solventarse un conflicto de competencias en este caso. López Garrido aclaró que si el Gobierno entendiera que los documentos reclamados por el juez no son pertinentes para la instrucción del caso, podría perseguirle por prevaricación, lo que, a su juicio, no se da en esta instrucción.

El filón de los secretos

El diputado de IU-IC cree que "el Gobierno tiene miedo de que Garzón abra un filón, entre en los servicios secretos españoles y derribe la muralla del Cesid, lo que le crearía una gran inseguridad". A su juicio, el secreto oficial decae cuando hay delito.También se manifestó a favor de la entrega de los documentos que afecten al caso GAL a Garzón el diputado del PNV Emilio Olabarría. "Se trata de criminalidad pura y simple, y tiene que ser depurado por la Justicia en su integridad", argumentó el diputado vasco. Olabarría defendió el principio de la prevalencia del derecho de los jueces a conocer todas las materias necesarias para una instrucción sumarial correcta.