Garzón dice que el ministro Pertierra obstaculiza la justicia

El juez BaItasar Garzón acusó ayer al ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, de causar un gravísimo deterioro a la Administración de Justicia, en general, y al proceso del caso Monbar, en particular, por haber dado instrucciones al director general del Cesid para que no facilite al juzgado los documentos relativos a los GAL que le ha solicitado.

La afirmación de Garzón viene contenida en los razonamientos jurídicos de un auto por el que rechaza el recurso del ex director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, de que se dejen sin efecto las medidas cautelares contra él. Estas medidas consisten en la prohibición de abandonar el territorio nacional, sin la previa y expresa autorización del juzgado, comparecer cada 15 días en la Audiencia Nacional y facilitar cualquier cambio de domicilio.

El defensor de Manglano, el catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos, criticaba el hecho de que el magistrado formulase preguntas y tomase el cuerpo de escritura a su cliente para contrastarlo con un documento del que el juzgado todavía no dispone. Replica Garzón: "De uno de los documentos [la llamada acta de los GALI no se disponía hasta que fue aportado por el Sr. García Damboreneal y del otro [una nota de despacho], aun hoy no se tiene constancia material porque el director general del Cesid, siguiendo instrucciones del excmo. ministro de Defensa, se ha negado reiteradamente a entregarlo so pretexto de constituir secreto oficial, coadyuvando con ello a un gravísimo deterioro de la causa y de la Administración de Justicia, en general, sin que se aprecie de momento donde y a que nivel va a llegar la obstaculización de la labor de aquella en la averiguación de la verdad material que se impone en un proceso penal".

Apoyo a los GAL

El juez destaca que tanto Manglano, como el ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, Juan Alberto Perote, incurrieron en una "clara colaboración con banda armada", que se produjo a partir del momento en que se iniciaron las actividades delictivas contra ETA en el sur de Francia, pues ambos las conocían y no las impidieron ni las denunciaron. Con ello, señala la resolución, Manglano y Perote prestaron "un servicio inestimable a los autores materiales" de los atentados, pues de la omisión de ambos se derivó una "evidente impunidad".El magistrado explica también que hay "constancia testifical las declaraciones de Francisco Álvarez, Julián Sancristóbal y el propio Perote que avalan la intervención activa en apoyo de las acciones y fines de la organización terrorista GAL de los Sres. Manglano y Perote", respectivamente, en el año 1985, como la consistente en la fabricación de un sello de caucho con el anagrama de los GAL.

Garzón cree que el caso Monbar no puede investigarse como un hecho aislado, sino en el contexto de acción de los GAL.