110.000 millones en ayudas, asistencia e investigación

Casi 110.000 millones de pesetas. Ésa es la factura que la Administración lleva pagada desde 1981 por la tragedia de la colza. Una parte de ellos se deduciría de las indemnizaciones -600.000, según las peticiones más elevadas- que el Estado debería desembolsar si fuera condenado como responsable civil subsidiario en el juicio contra cinco ex altos cargos de la antigua UCD y dos ex concejales que comenzó ayer en la Audiencia Nacional.

De ese dinero, 68.103 millones son los abonados hasta el 31 de diciembre de 1994 por la Oficina de Gestión del Síndrome Tóxico, dependiente del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social. A una media anual, estable, en torno a los 5.000, la previsión es que al término de 1995 haya desembolsado 73.000.

Los 38.000 millones restantes corresponden a la estimación realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo por las asistencias hospitalarias y la investigación.

En el primer caso, relativo a Trabajo y Seguridad Social, la partida más elevada (véase el cuadro adjunto) es la relativa a las ayudas familiares complementarias: 36.911 millones. Las siguientes son las de invalidez permanente: 7.395; invalidez provisional: 5.562; jubilación: 5.191; ayudas en las tareas domésticas: 3.370; invalidez laboral transitoria 2.729; farmacia: 2.084, y ayudas por fallecimiento: 105.

Hasta completar una relación de 25, las demás, en orden decreciente, son las de ayudas con fines dietéticos y nutricionales, reingreso de gastos de transporte, viudedad, reingreso de gastos sanitarios, prótesis, orfandad, otras prestaciones sociales, ayudas a empresas familiares, ayudas escolares, lactancia artificial, colonias escolares, ayudas extraordinarias, ingresos en residencias, ayudas para guardería infantil y centros preescolares, desempleo, dietas por desplazamientos y a favor de familiares.

El censo de los afectados por el aceite asesino comprendía 19.756 personas en 1994, según Trabajo. Las prestaciones mencionadas fueron ese año 7.835, de acuerdo con este desglose: 3.617 por apoyos económicos a las familias, 2.093 por invalidez permanente, 953 por ayudas a domicilio, 879 por jubilación, 167 por viudedad, 74 por orfandad, 41 por invalidez laboral transitoria o provisional, nueve por lactancia y dos por necesidades dietéticas.

Las asociaciones en que se han ido integrando las víctimas sitúan en 1.200 los fallecidos, en 4.000 los que se han quedado inválidos, en 20.000 los enfermos e incluso en 300.000 los que se encuentran en riesgo por haber consumido en su día el tóxico en mayor o menor cantidad.

Unos grupos han conceptuado este suceso como el más trágico de los vividos en España después de la Guerra Civil. Otros se han apresurado a expresar su preocupación ante la reforma del Código Penal porque se temen que podría dejar sin efecto las indemnizaciones. Todos, en fin, se han puesto. en alerta tras la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia absolviendo a tres ingenieros de la catástrofe ocasionada en 1982 por la rotura de la presa de Tous.