Moner le dice a Domínguez que no tiene derecho a un sueldo de medio millón
El magistrado del Supremo que instruye el caso GAL, Eduardo Moner, ha remitido al ex policía Michel Domínguez a la ventanilla del Ministerio de Justicia e Interior para que pida allí el sueldo de medio millón de pesetas al mes que el arrepentido considera que le corresponde por colaborar con la Justicia. El magistrado considera que no procede aceptar la reclamación del ex policía, ya que su colaboración ya ha sido retribuida con no tener que pernoctar en prisión [a propuesta del juez Baltasar. Garzón] a pesar de que está condenado a 108 años de cárcel. Sin embargo, ha remitido la solicitud a Justicia e Interior porque asi lo ha solicitado el fiscal.
En su resolución, Moner recuerda que Dominguez tiene la condición de penado según la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1992 [la sentecia del caso Amedo] que le condenó a 108 años de prisión. Además de estar condenado en sentencia firme, Domínguez disfruta en la actualidad del tercer grado de cumplimiento penitenciario, aunque también está procesado en el caso GAL.
El juez añade que la colaboración alegada por Dominguez ha sido "sin duda tenida en cuenta y valorada respecto a su situación penitenciaria". Pero esta colaboración, prosigue, "no transforma su condición en la de testigo, ni, en consecuencia, entra dentro del ámbito estricto de la aplicación de la Ley de Protección a Testigos y Peritos en causas criminales".
Esta ley, sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias necesarias para su ejecución, recuerda Moner, sólo prevé en su artículo 3.2 que a los testigos y peritos "en casos excepcionales podrán facilitárseles documentos de una nueva identidad y medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo".
De la resolución se desprende claramente una negativa doble: en primer lugar, Domínguez no tiene derecho a ser considerado como testigo a efectos de la protección que dispensa la ley; y aún en el caso de que pudiera serlo, los medios económicos serían los necesarios "para cambiar su residencia o lugar de trabajo", lo que quizá podría arreglarse con algo menos del medio millón de pesetas que el ex policía cree imprescindible.
A primeros de septiembre, el ex policía pidió, en un escrito dirigido al juez Garzón, que se le proveyese de un sueldo de medio millón para cubrir sus "necesidades mínimas". Sin embargo, la petición no llegó a ser resuelta por Garzón, ya que, por entonces, Moner fue designado instructor por el Supremo.
