El juez del 'caso Banesto' es espiado por personas del entorno de Conde desde febrero

Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el caso Banesto, fue espiado al menos desde febrero pasado por personas del entorno de Mario Conde, ex presidente de ese banco, según difundió ayer la Cadena SER citando fuentes del Cesid. El seguimiento tuvo como objetivo encontrar alguna información "lo suficientemente comprometedora" como para forzar al juez a dejar el caso Banesto, con lo que la instrucción del mismo hubiera pasado al juez Miguel Moreiras. Es precisamente este recambio el que ha exigido el abogado defensor de Conde, Jesús Santaella. Un individuo no identificado siguió muy cerca los pasos de García-Castellón en un viaje que realizó a París hace dos semanas.

El juez de la Audiencia Nacional tuvo el convencimiento de que era víctima de un espionaje desde el pasado febrero, y así lo contentó con varias personas de su confianza. No obstante, optó por no presentar denuncia ni comunicarlo al Ministerio del Interior. Fuentes conocedoras del problema comentan que el magistrado se percató de que los movimientos de espías a su alrededor eran demasiado ostensibles y obvios, tanto es así que creyó que lo hacían para que se percatara claramente de tal seguimiento.A las podas semanas de observar tales movimientos, García-Castellón optó por comentárselo directamente a Maríano Gómez de Liaño, uno de los abogados de Mario Conde. Según las fuentes informantes, Gómez de Liaño le expresó su convencimiento de que, si realmente estaba siendo perseguido o espiado, tal actividad no guardaba relación alguna con su defendido.

Medidas mínimas

García-Castellón, sin embargo, optó por adoptar algunas medidas mínimas de protección. Así, cambió en varias ocasiones sus habituales números de teléfono, incluido el del móvil que emplea. También pudo comprobar que en algunos momentos fueron reforzados considerablemente los dispositivos oficiales de seguridad y contravigilancia que tiene asignados por parte del Ministerio del Interior.

El dato más reciente que acrecentó las sospechas del juez se produjo hace dos semanas. Concretamente, el pasado día 6 se desplazó de Madrid a París a bordo de un avión de la compañía Euralair. El viaje era privado y tenía por objeto entrevistarse y cenar con un amigo en la capital francesa. En el viaje de ida y en el de vuelta, así como en alguno de los movimientos del magistrado por París, García-Castellón fue seguido de cerca por un individuo no identificado que vestía un jersey y tenía perilla. Para el juez, fue otro dato más que le indujo a pensar que era seguido.

Pese a todos estos indicios, García-Castellón no ha recibido ningún aviso o advertencia oficial de que estaba siendo espiado. Él tampoco se ha mostrado preocupado por el seguimiento de que ha sido objeto. "Me es indiferente", respondió ayer cuando le pidieron su opinión sobre la noticia difundida por la SER.

A raíz de esa información, mandos del Cesid mantuvieron diversas reuniones para analizar los hechos, pero no trascendió ningún dato sobre lo tratado.

No obstante, en fuentes oficiales se indicó ayer que ya tenían noticia "desde hace bastantes semanas" de que algunos individuos seguían al magistrado, si bien, precisaron, no hay pruebas contra nadie.

En ese contexto, las líneas telefónicas empleadas por García-Castellón han sido sometidas recientemente a un barrido para comprobar si están o no pinchadas. El resultado ha sido negativo. Se recuerda al respecto que, para pinchar un teléfono, ya existen sistemas lo suficientemente avanzados como para no dejar huellas en el cableado.También hay que señalar en este terreno que, desde hace años, Mario Conde ha tenido una enorme preocupación por los servicios de seguridad e información que tenía a su servicio. En Banesto disponía de un amplísimo equipo en el que estaban integrados ex policías y ex agentes del Cesid. Fuentes policiales siempre han mantenido que sus sistemas y dispositivos de seguridad fueron montados con el asesoramiento directo del Mossad, el servicio de inteligencia israelí.

En la época en que las relaciones de Conde con la Administración no estaban deterioradas, Conde se entrevistó varias veces con el entonces jefe del Cesid, Emilio Alonso Manglano. Fue el Cesid el que alertó sobre el gran montaje de seguridad e información que tenía el entonces presidente de Banesto, porque los servicios de espionaje sospechaban que ese dispositivo dedicaba buena parte de sus esfuerzos a obtener informes sobre posibles enemigos del ex banquero.

Si Conde, como parece, ha seguido manteniendo parte de esa infraestructura de seguridad es lógico que uno de sus objetivos haya sido la búsqueda de información sobre García-Castellón, convertido desde finales del pasado año en el principal enemigo del financiero. El juez ordenó el encarcelamiento de Conde justo antes de Navidad y, 38 días después, fijó una fianza de 2.000 millones de pesetas para que el expresidente de Banesto saliera de Alcalá-Meco. El juez, además, avanza de forma imparable en la instrucción del caso y, en contra de los deseos de Conde, continuará con el mismo. Precisamente ayer se produjo un nuevo paso en contra de las pretensiones de Conde. El presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, declaró a Efe que el magistrado García-Castellón continuará instruyendo el caso Banesto. El juez, actualmente en comisión de servicio en el juzgado número 3, del que es titular Miguel Moreiras, será próximamente el responsable del juzgado número 6, cuya creación ha sido decidida por el Ministerio de Justicia e Interior a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes de Justicia consideran posible que el nuevo juzgado esté en marcha a principios del año próximo.

Los otros 'Pinchazos'

De otro lado, los abogados Santaella y Gómez de Liaño han sido citados por Eduardo Jiménez, titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, para que declaren en relación con la denuncia que ellos mismos presentaron porque varias personas relacionadas directamente con Conde fueron objeto de 120 pinchazos telefónicos en el curso de seis meses, a partir del 16 de noviembre de 1994, día en que la fiscalía de la Audiencia Nacional presentó la querella que dio lugar al caso Banesto.

En el juzgado están depositadas varias cintas con conversaciones mantenidas desde siete teléfonos. Uno de ellos es de Arturo Romaní, ex vicepresidente, de Banesto, y otro de Francisco Cuesta, administrador patrimonial de Conde.