El abogado del Estado pide el auto de los GAL para recurrirlo

La Abogacía del Estado, dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia, pidió ayer a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le notifique formalmente la resolución de la Sala de Admisión del caso GAL por la que declaró su competencia y ordenó el traslado del sumario a las partes. La notificación del auto, dictado el 18 de agosto, permitirá al abogado del Estado recurrir por las irregularidades procesales apreciadas. Hasta ahora no ha podido hacerlo porque quien le notificó el auto fue el juez Baltasar Garzón, ajeno al mismo.

Esta controversia procesal puede tener consecuencias para una eventual petición de nulidad de actuaciones, ya que afecta al derecho de defensa, según fuentes jurídicas. El origen del problema fue que la resolución dictada el 18 de agosto por la Sala de Admisión -integrada por el presidente de la Sala Segunda , Fernando Cotta, y los magistrados José Augusto de Vega y Francisco Soto- no ha sido notificada a ninguna de las partes por el tribunal que la dictó, sino por Garzón, juez de la Audiencia Nacional.

El Ministerio Fiscal y el resto de las partes dieron por buena la remisión del auto a través de Garzón, quien aseguró que cumplía "una orden del Supremo". En realidad, lo ordenado era que comunicara a las partes que se le había reclamado "la urgente remisión" del caso GAL. Cuando el abogado del Estado pidió a Garzón aclaración sobre los recursos posibles, el juzgado le remitió al Tribunal Supremo.

Cotta mantiene el plazo

Cotta declaró ayer, según Efe, que el escrito del abogado del Estado no modifica el plazo de 10 días que tiene esta parte, igual que las demás, para solicitar lo que le convenga "en orden a los aspectos procedimentales y de fondo del presente asunto", como dice la resolución del Supremo. El plazo concluye el 8 de septiembre. Si antes el Supremo no ha subsanado las irregularidades apreciadas no designación de instructor y asunción de funciones instructora por la sala, entre otras, serán impugnadas, según fuentes gubernamentales.Mientras tanto, el letrado José Aníbal Álvarez, defensor de Miguel Planchuelo, informó ayer que pedirá al Supremo que solicite al Congreso los suplicatorios contra Felipe González y los otros tres aforados antes de tomarles declaración.