El concesionario del túnel de Sóller culpa a un muerto del manejo del dinero dudoso

Antonio Cuart, presidente de la concesionaria del túnel de Sóller, socio y amigo del ex presidente del Gobierno de Baleares Gabriel Cañellas, culpó ayer a uno de los directivos de su empresa, Camilo Pereira, ya fallecido, de haber administrado 140 millones de pesetas, 50 de los cuales fueron presuntamente ingresados en concepto de comisiones en las cuentas bancarias de seis altos cargos del Partido Popular. Esa cantidad (140 millones) coincide con el valor de la factura falsa encontrada en la contabilidad de la empresa concesionaria de las obras por inspectores de policía.

En las primeras declaraciones que realiza ante el juez, Cuart, de 71 años, negó ayer toda implicación en el caso, que se ha saldado hasta el momento con la dimisión de Cañellas, forzada por el presidente del PP, José María Aznar, y una profunda crisis en el seno de la formación conservadora en Baleares."Nunca he pagado comisiones ilegales a políticos del PP por la adjudicación de las obras", subrayó Cuart, que prestó declaración en calidad de inculpado por los presuntos delitos de falsedad, estafa y apropiación indebida.

Antonio Cuart -socio de Cañellas en la Salinera Española- fue tajante ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Pedro Barceló, en su intento de deslindar responsabilidades por el mayor escándalo político-financiero de las islas en los últimos años, según confirmó el abogado de la acusación particular -ejercida por Izquierda Unida-, Jaime Bueno. "Su declaración fue escueta", precisó el letrado, "y se limitó a defender sus intereses". Cuart rehusó hacer declaraciones antes y después de su comparecencia ante el juez.

Cantidades polémicas

Fuentes judiciales confirmaron que Cuart admitió haber entregado 140 millones de pesetas a Pereira "en concepto de anticipo para el inicio de las obras del túnel y desglosados en tres talones", dijo, y matizó: "A partir de ese momento desconozco el paradero del dinero".El Gobierno de Baleares otorgó la concesión de las obras del túnel de Sóller a la empresa de Cuart en 1989, a pesar de que existían otras ofertas mejor valoradas. Al estallar el escándalo de Brokerval (30 de julio de 1994), se abrieron diligencias en los juzgados de Palma contra Cuart, a quien se acusa de falsedad, estafa y apropiación indebida.

Al levantarse el secreto del sumario, un informe policial reveló que el PP de Baleares recibió unos 50 millones de pese tas de la concesionaria "mediante complejos artificios financieros". Seis dirigentes del PP fueron vinculados por la policía al presunto cobro de comisiones: José Antonio Berastain, secretario general del PP; Antonio Marí Calvet, presidente del Consejo Insular de Ibiza; Mariano Matutes, consejero sin cartera del Gobierno balear; Johan Huguet, presidente del Consejo Insular de Menorca; Pere J. Morey, con sejero de Agricultura, y la diputada María Salom. Todos ellos han negado las acusaciones. Según fuentes de la acusa ción particular, varios millones procedentes de la polémica cuenta fueron desviados a la Fundación Illes Balears, presidida por Gabriel Cañellas.