El acta secreta, apócrifa, de la guerra sucia

"El terrorismo no es un problema de delincuencia ni de orden público, es una guerra [ ... ]. La acción directa, que no quiere decir eliminación física, contra los líderes rebeldes y en los momentos iniciales, puede ser muy rentable [...] La ilegalidad se bordea o se conculca descaradamente aún en los países -que más alardean de respetar los derechos humanos".Los anteriores párrafos no pertenecen al acta fundacional de los GAL, que con tanto de nuedo ha perseguido el juez Garzón en las últimas semanas, sino al libro Nuestra guerra y nuestra paz, editado en 1985 por el Estado Mayor del Ejército.

No hace falta recurrir a los archivos secretos del Cesid para obtener "un análisis estratégico en el que se explicaba qué se tenía que hacer, partiendo de la base de que la lucha contra el terrorismo era una variante de guerra y, por tanto, exigía un Estado Mayor que pensara, para elaborar una respuesta en los mismos términos que los que utilizaban los terroristas", tal como describió el ex dirigente socialista vasco, Ricardo García Damborenea, el supuesto acta fundacional del Cesid.

Basta repasar la colección del Servicio de Publicaciones del Ejército para hallar trabajos como Introducción a la Estrategia Militar Española, premio Adalid de pensamiento militar en 1983, que cita a ETA entre losgrupos que practican la "guerra subversiva", algunas de cuyas modalidades son el "terrorismo, [los] sabotajes [o los] movimientos secesionistas". El mismo libro, prologado por el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, critica "la pasividad con el terrorismo [de las autoridades francesas], con lo que el País Vasco francés ha sido en muchas ocasiones un santuario seguro de bandas que, bajo una capa que quiere ser política, cometen asesinatos, secuestros y extorsiones".

Lo que busca Garzón no es, sin embargo, una mera justificación más o menos implícita del terrorismo de Estado sino, según el escrito remitido al Supremo, un "documento que se refería al contenido teórico y estratégico y en el que se recogen los dos niveles político y operativo a través de los cuales se desarrollaron [en la práctica] las actividades ilegales contra ETA. Este documento", asegura el magistrado, "fue elaborado por el Cesid al parecer en el verano de 1983".

Según el sumario del GAL, la primera mención a ese documento la hizo en su declaración del 20 de julio Ricardo García Damborenea, quien dijo haberlo visto, aunque no pudo precisar quién ni dónde se lo enseñó. Ocho días después, el ex dirigente socialista refrescó su memoria para recordar que, efectivamente, el texto fue elaborado por el servicio secreto Cesid, que muy probablemente se lo entregó el ya fallecido comandante Jesús Somontes, responsable del centro en el País Vasco en 1983, "que lo tuvo en su poder en el verano de 1982 [sic] y que, si lo encuentra, lo aportará al juzgado".

Respecto a su contenido, explicó que en el texto "se examinaban los objetivos, las condiciones, los medios y los riesgos que dicha estrategia conllevaba y se señalaban unas líneas de actuación que finalmente fueron las que se utilizaron (campañas de intoxicación, secuestros, o eliminaciones físicas)".

También Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado, le dijo a Garzón "que ha oído de la existencia de un documento donde se teorizaba sobre las distintas formas de llevar adelante esa lucha contra ETA".

Sin embargo, ni Damborenea ni Sancristóbal hablaron espontáneamente de ese estudio. Sólo lo hicieron, como reflejan sus declaraciones, a preguritas del interrogador. ¿Quién reveló a Garzón la existencia del polémico informe? Presumiblemente, el coronel Juan Perote Pellón, jefe de la Agrupación Operativa del Cesid entre 1082 y 1991 y hoy procesado por sustracción de documentos secretos, que compareció ante el juez diez días antes que Damborenea.

El escrito de Garzón al Supremo no contiene, paradójicamente, ninguna alusión a Perote, por la sencilla razón de que éste no declaró en relación con el caso GAL sino con el sumario de Monbar, la cafetería de Bayona donde fueron asesinados cuatro etarras en 1985, que instruye el mismo juez.

Garzón no se contentó con interrogar a Damborenca y Sancristóbal, sino que se dirigió al propio Cesid y citó a declarar a finales de julio tanto al actual director del centro, el general Félix Miranda, como a su antecesor, el teniente general Emilio Alonso Manglano, dimitido a raíz del escándalo de. las escuchas ilegales.

Por escrito y de palabra, los responsables actuales y pasa dos del Cesid negaron la existencia en sus archivos de un documento como el descrito por Damborenea, pero admitieron en cambio que sí hay informes y "notas de despacho" sobre. la guerra sucia contra ETA, cuya entrega al juez les impide la ley de Secretos Oficiales.

El general Miranda, con menos de dos meses al frente del Cesid, pidió y obtuvo del ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, un dictamen jurídico para respaldar su negativa a entregar a Garzón lo que le pedía. Éste sería el escrito que se transmutó, según un diario, en una orden del ministro al militar para que no diera el acta de los GAL al juez.

El 7 de agosto, Perote compareció por segunda vez ante Garzón, a quien reconoció esta vez que él mismo fue el autor de la presunta acta fundacional de los GAL; redactada, según su versión, por orden del entonces director, Alonso Manglano.

Fuentes del Cesid sospechan que el documento, como ha sucedido con tantos otros de los 1.200 que se llevó Perote en noviembre de 1991, acabará publicado en determinado medio de comunica ción. La clave está en si se trata de una mera propuesta del antiguo jefe de la sección operativa del Cesid o si puede demostrarse que fue asumido por sus superiores y sirvió de base para la actuación de los GAL.

Aunque se diría que después de más de 20 asesinatos resulta superfluo contar o no con un estudio meramente teórico sobre la guerra sucia, el juez Garzón no parece considerarlo de ese modo. Tiene muy presente el magistrado que el Cesid es, según la normativa vigente, "el órgano de información del presidente del Gobierno", último destinatario de los informes del servicio secreto.

Si se demuestra que el centro de inteligencia diseñó la estrategia que dio origen a los GAL, posteriormente aplicada por los mandos de las fuerzas de seguridad, la responsabilidad penal por la guerra sucia no podría quedar ya circunscrita al Ministerio del Interior.

Por eso, en la exposición razonada que envió al Supremo, el juez Garzón no incluye las alusiones al documento del Cesid entre los datos que afectan al entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, en cuyo departarnento estaba encuadrado el servicio secreto, sino entre los escasos, inconcretos y genéricos, como viene a reconocer el pr opio escrito, que apuntan directamente a Felipe González.