Tres procesados piden que Gonzalez declare como imputado
Las defensas de Francisco Álvarez, ex jefe superior de la Policía de Bilbao, y de los ex policías José Amedo y Michel Dominguez solicitarán a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que llame a declarar como imputados en el caso GAL al presidente del Gobierno, Felipe González; a los ex ministros de Defensa e Interior, Narcís Serra y José Barrionuevo y al dirigente socialista José María Benegas.El abogado de Álvarez, Manuel Murillo, precisó que no formulará acusaciones contra ninguno de los cuatro aforados, en el escrito que enviará al alto tribunal, aunque señaló que deben prestar declaración como imputados porque "son unos hechos tan graves que merecen ser investigados". Murillo también solicitará que ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, aclarare si ordenó al director de Cesid, Félix Miranda, que no entregara al juez Baltasar Garzón la supuesta acta fundacional de los GAL.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo notificó ayer a las partes que a partir de hoy tienen a su disposición el sumario principal del caso GAL y la documentación complementaria. Los notificados son la acción popular, que representa a 104 particulares, y algunos de los procesados, en concreto: los ex altos cargos del Ministerio de Interior Rafael Vera, Julián Sancristóbal, Miguel Planchuelo, el ex secretario personal de Vera, Juan de Justo, y los ex policías Amedo y Domínguez. También les fue entregada una copia de la exposición razonada del juez Baltasar Garzón.
Hoy recibirán la notificación el resto de los procesados y el representante de los familiares de las víctimas de los atentados contra los bares Consolation y Batxoki. El plazo para pedir lo que consideren oportuno en relación al fondo del asunto o de los trámites procesales termina los días 6, 7 y 8 de septiembre, respectivarriente.
Recurso de Vera
Los representantes legales de todas las partes tendrán, por tanto, acceso a la cámara acorazada del alto tribunal -donde se encuentran, desde el martes, los 25.000 fólios que componen la causa- para realizar las consultas que deseen. A raíz la decisión tomada por el Supremo el pasado día 18, sólo las diligencias relativas al Cesid les están vetadas.Por otro lado, la defensa de Vera presentó ayer un recurso contra la decisión del juez Garzón, de mantener el secreto sobre las actuaciones relativas a los servicios secretos porque, en opinión de su abogado, quebranta el derecho de defensa. El Tribunal Supremo es el encargado de resolver el recurso, dado que ha asumido la competencia.
Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, calificó ayer de "error desde el punto de vista profesional" la actuación del juez Garzón y se preguntó cómo se puede 'reparar "el daño causado cuando se ha implicado al presidente del Gobierno".
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