Críticas jurídicas al documento del magistrado

El fiscal Miguel Miravet, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), manifestó ayer su decepción ante la exposición razonada del juez Baltasar Garzón sobre la existencia de datos contra el presidente del Gobierno y otros tres aforados, que ayer publicó este periódico. "En cuanto a las imputaciones contra Felipe González, casi se limita a la declaración de Ricardo García Damborenea", declaró Miravet. El magistrado José Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia, aseguró que Garzón "en ningún caso debe pronunciarse sobre los aforados, ya que es competencia del Tribunal Supremo".El presidente de la UPF estimó "procesalmente correcto remitir al Tribunal Supremo la existencia de indicios contra aforados", si bien señaló que tal decisión debió de tomarse "desde la aparición de indicios contra el primero de ellos, el ex ministro del Interior José Barrionuevo". Preguntada su opinión sobre el caso GAL, Miravet contestó: "La responsabilidad política la veo clara, pero la penal es dudosa y, hasta ahora, floja, sin perjuicio de lo que pueda averiguarse después".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia recordó que "las declaraciones de los imputados tienen un valor relativo" y manifestó la necesidad de "contrastarlas". Para ello y para todos los trámites en relación con los aforados, resaltó que "la competencia en exclusiva la tiene el Supremo". A la vista del documento publicado ayer por EL PAÍS, Alonso aseguró: "Garzón en ningún caso se puede pronunciar , sobre los aforados". Y añadió: "El juez instructor debe remitir al Supremo los datos de que disponga sobre las personas aforadas, pero no puede tomar una parte jurisdiccionalmente activa ni en contra ni a favor de los aforados".En cuanto a la resolución de la Sala de Admisión del Tribunal Supremo sobre el caso GAL, el presidente de la UPF se explicó así: "Lo que tenía que hacer la sala, tras su declaración de competencia, es nombrar instructor. La decisión de pedir el caso a Garzón me parece normal. En cambio, el traslado del sumario a las partes puede resultar dilatorio e innecesario. El fiscal ya se pronunció. Y en cuanto a las demás partes, ¿qué van a tener que decir que no hayan dicho ya?". El magistrado Alonso declaró, a su vez: "No entiendo el alcance de ese traslado a las partes, antes del nombramiento del instructor, eje de la causa. Ese trámite no debería dilatar la tramitación del caso a cargo del instructor. El asunto se tiene que resolver de una manera rápida".

Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, dijo a Efe que en el documento de Garzón hay "base suficiente" para que el Supremo tome declaración a los aforados.

Este periódico intentó ayer, sin éxito, ponerse en contacto con responsables de otras agociaciones de jueces y fiscales.El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo insistió ayer en que Garzón "ha incurrido en inconstitucionalidad con respecto a Barrionuevo, al no remitir al Supremo hace siete meses los indicios contra el ex ministro del Interior, ya que la ley exige hacerlo inmediatamente". Garzón expresó ayer su "descontento" por estas manifestaciones del constitucionalista.