El Tribunal Supremo aparta al juez Garzón del 'caso GAL' y le reclama el sumario con urgencia

El juez Baltasar Garzón dejará dé instruir a partir de hoy el caso GAL, después de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Fernando Cotta, anunciase oficialmente ayer que el alto tribunal ha asumido la competencia para investigar las imputaciones, contra el presidente del Gobierno, Felipe González, el ex ministro de Defensa Narcís Serra, el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el diputado socialista José María Benegas por supuesta dirección de banda armada, entre otros cargos. El Supremo ha decidido mantener en secreto sólo las actuaciones relativas al Cesid.

José Augusto de Vega, uno de los magistrados de la Sala Segunda, que acordó asumir, la competencia para investigar el caso GAL, afirmó ayer que todas las actuaciones de este tribunal van encaminadas a agilizar el proceso con el fin de evitar que este sumario se convierta en un nuevo caso Filesa.De Vega precisó que pretende que la instrucción "no se eternice y, por el contrario, sea ejemplar en su rapidez".

El alto tribunal reclamó ayer mismo la causa al juez Garzón y emplazó a las partes y al ministerio fiscal para que soliciten, en el plazo de 10 días, las diligencias que consideren pertinentes.

La reclamación del caso GAL al juez Garzón afecta al sumario 1/88 o sumario base de los GAL, en el que fueron condenados Amedo y Domínguez a 108 años de cárcel por los atentados a los bares Batzoki y La Consolation.

A este sumario se incorporó posteriormente el relativo al secuestro de Segundo Marey, que dio origen al procesamiento de los jefes superiores de Amedo y de antiguos altos cargos de la cúpula de Interior, como el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal.

El auto de la Sala de Admisión ordena mantener en secreto el anexo octavo de los remitidos por el juez instructor, que se refiere a diligencias e interrogatorios a personal del servicio secreto Cesid. De Vega explicó que di: chas actuaciones están clasifica das en aplicación de la Ley de Secretos Oficiales.

A partir de ahora, Garzón deberá abstenerse de realizar cualquier actividad instructora en estos procesos que han pasado a ser competencia, en su totalidad, del Tribunal Supremo.

Sin embargo, y dado que el auto del Supremo menciona expresamente el sumario 1/88, parece que podrá seguir instruyendo los demás sumarlos relacionados con los GAL que ha ido reabriendo o desglosando, entre ellos el referido a los cuatro asesinatos del Monbar, y los atentados contra Juan Carlos García Goena, Ramón Oñaederra, Mikel Goicoechea y Rafael Goicoechea Errazkin.

Remisión urgente

La petición de remisión del sumario. I/88 lleva el marchamo de "urgente", lo que determinó que ayer mismo la Secretaría de Causas Especiales del Tribunal Supremo trasladase el auto de la sala de admisión al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Al tener conocimiento del auto del Supremo, el juez Garzón decidió interrumpir sus vacaciones en Palma de Mallorca y reincorporarse, a partir de hoy, a su despacho.

El envío del sumario al Supremo puede retrasarse unos días debido a que primero tendrán que ser ordenados los aproximadamente cinco mil folios recogidos en varios tomos con que cuenta el sumario de los GAL.

El traslado físico del sumario a la Secretaría de Causas Especiales del Supremo se hará entre el martes y el jueves próximos, según las fuentes consultadas.

La notificación del auto del Supremo corresponde hacerla al juzgado de Garzón, en tanto que será la Secretaría de Causas Especiales la que notifique a las partes personadas las actuaciones, incluída la "exposición motivada" en la que el juez Garzón imputa al presidente del Gobierno y a los demás aforados los delitos de promoción de banda armada, malversación, etcétera.

A partir de la notificación de las actuaciones, el fiscal y las partes dispondrán de un plazo de 10 días "para que puedan solicitar lo que al derecho de los mismos conviniere en orden a los aspectos procedimentales y de fondo del presente asunto".

El dictamen del ministerio fiscal sobre el fondo será sometido previamente a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, según decidió en su momento el fiscal general del Estado, Carlos Granados.

La fórmula de que las partes puedan solicitar todo lo que a su derecho convenga fue interpretada en ambientes judiciales como excesivamente amplia, dada la naturaleza de la causa y debido a que la partes personadas son alrededor de la veintena.

Las acusaciones, en particular, podrán pedir que. los aforados tengan la condición de imputados, que los aforados presten declaración, que se curse un suplicatorio para proceder contra ellos, que se celebren careos, etcétera. Cada decisión del juez es susceptible de ser recurrida en reforma ante el propio instructor y, en queja, ante la Sala Segunda.

Los tres magistrados. de la sala de admisión regresaron ayer a sus lugares de vacaciones sin perder de vista que el próximo día 4 de septiembre se reencontrarán junto a los otros diez jueces de la Sala Segunda.

Entre los trece deberán decidir en los próximos meses si en las acusaciones del ex dirigente socialista vasco Ricardo García Damborenea y de Sancristóbal hay méritos para imputar al presidente del Gobierno y a los otros tres aforados un delito de promoción de banda terrorista.

El próximo paso será el nombramiento de juez instructor delegado de la Sala Segunda. Previamente, los magistrados debatirán en sala general las normas de designación del juez instructor y de ponente de la causa, ya que no están conformes con las vigentes y quieren modificarlas.

Varios magistrados de la sala segunda afirmaron ayer que la trascendencia de una causa penal contra un presidente del Gobierno debería seguir debatiéndose por el pleno de la sala y no por una sala de tres magistrados.

Algunos de estos jueces indicaron que el pleno podría resolver los incidentes del procedimiento durante la instrucción, pues no creen que haya problemas de "contaminación" procesal, al ser el Supremo la máxima instancia de la jurisdicción penal. Otra posibilidad es que una sala de tres magistrados distinta a la de admisión se encargue de ello.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Ramón Rodríguez Arribas, valoró ayer muy positivamente la decisión del Supremo de asumir el caso GAL y aseguró que ha hecho, "lo que se esperaba que hiciera", de "manera clara y sin ambigüedades a la hora de reclamar la causa y continuar la investigación".

Rodríguez Arribas matizó que la decisión del Supremo no implica la atribución de indicios delictivos al presidente del Gobierno y a los otros tres aforados a los que el juez Garzón ha implicado en el caso GAL.