Ensayo en 11 barrios de la 'amnistía' a ocupantes irregulares de pisos públicos

La amnistía para 15.000 familias madrileñas que habitan un piso público de manera irregular (compras fraudulentas, subrogaciones bajo cuerda ... ) ha comenzado a ensayarse en 11 barrios donde el problema es menos grave. La Comunidad, propietaria de las viviendas, abrió el pasado 15 de junio el plazo para que esta primera tanda de vecinos presenten sus documentos para legalizar la situación. Esta fase experimental servirá de campo de pruebas para abordar después barriadas más complicadas, como San Blas, donde viven la mitad de las familias, afectadas por la medida.

Cuatro de los barrios elegidos se encuentran en los municipios (te Ciempozuelos, el Pardo, San Martín de Valdeiglesias y Alcalá de Henares. El resto, ya en Madrid, son los vecindarios de Fuencarral B, Comillas (Carabanchel), Canillas (Hortaleza), La Viña (Puente de Vallecas) Virgen del Pilar Fase II (Chamartín), Usera y Tercio del Terol (Carabanchel). El plazo para que los vecinos entreguen su documentación concluye el próximo 15 de agosto, si bien la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha solicitado a la I)irección General de la Vivienda de la Comunidad que este periodo se amplíe hasta septiembre. Será el nuevo Gobierno regional del PP quien diga la última palabra sobre este aplazamiento.Estas 11 primeras barriadas han sido seleccionadas cómo campo de pruebas porque en ellas el problema tiene menor incidencia. Se trata de empezar por lo fácil, coger rodaje, limar problemas y abordar después lo complejo. Además, buena parte de estos vecindarios, como Comillas y Canillas, están siendo remodelados y se puede aprovechar los nuevos contratos que hay que suscribir con todos los vecinos para absorber a los irregulares.

De 100 a 300 pesetas

En otros casos, como en Tercio del Terol, a la Administración le interesa legalizar a los adjudicatarios para poderles vender los pisos sin problemas. Son promociones de viviendas construidas en. la posguerra y sometidas a regímenes de alquiler o de acceso diferido a la propiedad. Como se pagan rentas ínfimas -de 100 a 300 pesetas-, el Gobierno regional prefiere vendérselas a los inquilinos y librarse de los gastos de mantenimiento, que no se cubren con los alquileres.En Tercio del Terol (Carabanchel), con 682 pisos, la asociación de vecinos sólo tiene registrada una decena de situaciones irregulares. La mayoría son personas que han convivido con el titular de la vivienda y se han quedado en ella a pesar de no tener derecho a la subrogación. En Canillas (Hortaleza), con 528 pisos, la asociación vecinal estima que los casos irregulares no superan la veintena, principalmente vecinos que han comprado la vivienda a sus titulares, a pesar de que su venta está proibida hasta pasados 50 años.

Para acceder a esta amnistía imprescindible utilizar la vivienda corno morada habitual y no poseer otro piso en la región. Cada familia debe percibir menos de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, pero a esa cifra se le aplican una serie de variables correctoras que amplían su techo. Por ejemplo, también podría acogerse a la regularización una familia con ingresos brutos anuales de seis millones de pesetas si está formada por seis miembros, con tres trabajando, y una estancia de 11 años en el piso.

La mayor parte de estas viviendas, donde predominan las situaciones anómalas, son pisos de unos cuarenta metros cuadrados. Por ellas se pagarían cantidades inferiores a los dos millones pesetas en unos quince años, a los que se restan los recibos de alquiler pagados. Cantidad que se añade a la que se a podido pagar en el mercado negro.