Hacer justicia

Un tribunal condena a un sujeto y, simultáneamente, pide el indulto para el condenado; el indulto pertenece al ejercicio del derecho de gracia,. que, según la Constitución, corresponde al Rey, por donde resulta una de las facultades discrecionales del Gobierno, que, por cierto, ni siquiera tiene que ser justificada, un verdadero poder judicial del Gobierno, a su albedrío. Sucede con cierta frecuencia, por ejemplo, en sentencias sobre insumisión, y en otros casos; recientemente, un asunto de malversación de fondos.Se puede pensar que, al actuar así, el tribunal ha querido hacer una obra de misericordia, un acto de piedad adicional a su función de aplicar justicia; pero esta misericordia institucionalmente ejercida choca un poco, al menos en apariencia, con. el principio de igualdad, que es uno de los fundamentos constitucionales; si la misericordia de los jueces. no está regulada por la ley, la aplicación por un órgano judicial en unos casos y no en otros podría hacer pensar en discriminación insatisfactoria.

Pero es que no se trata, si se mira bien, de cuestiones de espíritu misericordioso, sino de equidad. Lo que sucede es, que el tribunal no está conforme con su fallo y para corregirlo en un sentido más equitativo recurre a la solicitud, al Gobierno, del indulto. Pero la equidad no es más que la justicia llevada a las circunstancias del caso concreto; la conciencia judicial se satisface, de algún modo, buscando la equidad por la vía tortuosa del indulto.

Estamos, por tanto, ante un fallo clamoroso del sistema, constitucional: los órganos de justicia se confiesan impotentes para impartirla y tienen que recurrir al poder ejecutivo para que éste, usando de su discreción, termine por hacer la justicia que está vedada a los tribunales, de donde resulta que la justicia, en ese caso concreto, viene a depender de la magnanimidad del poder ejecutivo, del Gobierno, y de algún modo al margen de la ley. La realización de la justicia dependerá, por tanto, de un acto de gracia por parte del poder ejecutivo. Pero, si los órganos del poder judicial no pueden decidir justicia por sí solos, algo chirría en el sistema. Haga usted jueces independientes para esto.

Son supuestos, podrá, decirse, de conflicto entre ley y justicia; los jueces tienen que aplicar la ley, pero ésta puede ser injusta, o al menos imperfecta; la petición de indulto es una vía de escape para ese conflicto. Pero esta argumentación es más que peligrosa, y falaz. En la Constitución hay derechos, principios, normas y criterios que sirven sobradamente para reconducir las leyes a la justicia, a la más exquisita equidad; el legalismo que acaba siendo leguyelismo es un criterio de comodidad judicial" pero no satisface las expectativas ni los designios de una organización social que espera del Ejecutivo buen gobierno, y del poder judicial, justicia.No es una cuestión de purismo metodológico. Quiero recordar, sin ir más lejos, lo que sucedió en Alemania a partir de 1933; no es, ni remotamente, el caso, pero la solución de recurrir al Gobierno para que ayude a fijar lo justo me parece viciosa, aunque cuente entre nosotros con alguna tradición práctica y legislativa, preconstitucional. Un tribunal no puede nunca "lavarse las manos".

También podemos verlo, y no es mala perspectiva, des" de el lugar del sujeto afectado: el derecho a un juicio justo comprende no sólo el procedimiento adecuado, sino un fallo justo; el procedimiento existe para obtener justicia, no para que nos recreemos en las sutilezas y bondades de un riguroso formalismo que garantiza; porque lo que garantiza en un buen resultado; pero en estos casos el sujeto no ha obtenido lo que le corresponde, un fallo claro y equitativo. Nadie tiene derecho a un indulto; si éste se le concede habrá recibido favor, no derecho, y cargará socialmente con la calificación penal negativa que, no corresponde a la equidad del caso concreto, según la apreciación del tribunal; para más colmo, habrá recibido un favor, a modo de privilegio; y no es lo mismo, me parece, ser un ciudadano inocente que un delincuente agraciado por la bondad gubernativa.