Navajas solicitará la reapertura del 'caso Urigoitia'

El fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián, Luis Navajas, solicitará la reapertura del caso Lucía Urigoitia, la activista de ETA muerta en 1987 en el transcurso de una opeación policial, tras la noticia de que miembros de la Guardia Civil fabricaron en aquella ocasión pruebas falsas para evitar ser incriminados por la justicia. Navajas reclamará la reapertura de la causa pese a que diceno albergar "grandes esperanzas de que llegue a sacarse algo en claro de este asunto". Se muestra confiado en que se ratifique "la versión oficial", pero, en cualquier caso, muestra su disposición "a llegar al fondo".

En su edición de ayer, el diario El Mundo dio cuenta de un informe del Cesid según el cual efectivos de la Guardia Civil entraron en el domicilio del juez instructor del caso, Juan Piqueras, sustituyeron uno de los proyectiles conservados como prueba judicial, modificaron el cañón del arma homicida y manipularon un chaleco antibalas.La fabricación y sustitución de estas pruebas judiciales responderían al propósito de simurlar que existió un tiroteo entre la activista muerta y la Guardia Civil, para justificar así los dispasros que acabaron con la vida de Urigoitia, de 28 años. En el informe, elaborado por la Agrupación Operativa del Cesid, dirigida entonces por el hoy procesado coronel Juan Alberto Perote, se indica que esta "serie de actividades" se realizaron "para evitar la actuación de los jueces" en el contexto de la "célebre polémica del tiro en la nuca". Se añade que esta información parece ser que es conocida por el presidente del Gobierno, ministro de Interior Barrionuevo en aquellas fechas], Rafael Vera y algún otro".

Denuncia por allanamiento

El hilo de esta noticia, fuentes judiciales de la Audiencia donostiarra recordaron ayer que el director de la clínica forense del Palacio de Justicia de San Sebastián, Miguel Ángel Carnicero, presentó en aquellos días una denuncia formal por allanamiento de esas dependencias judiciales, que eran custodiadas permanentemente por efectivos de la Guardia Civil. Esa denuncia, de la que no existía noticia hasta ahora, fue presentada tres días después producirse la muerte de Lucía Urigotia y una vez estallara en la prensa la polémica sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la activista del comando Donostia de ETA.

Según esas fuentes, Carnicero detectó la entrada de gente ajena a su servicio al encontrar abierto, por la mañana, uno de los armarios que se cerraban rigurosamente por la noche. "La puerta y los cajones no parecían haber sido forzados y todo parecía estar en su sitio, pero al director de la clínica forense le pareció que el detalle del armario era toda una evidencia", añaden las mismas fuentes. En aquellas fechas, ante la expectación general, los forenses se aplicaban a la tarea de redactar el informe del caso Urigoitia y en sus dependencias guardaban, de hecho, fotografías, datos de la autopsia, dibujos y croquis. Al igual que el resto de las dependencias del Palacio de Justicia, la clínica forense permanecía vacía, bajo llave, desde las siete de la tarde hasta las siete de la mañana bajo la custodia de los efectivos de la Guardia Civil. La denuncia fue archivada ante la posibilidad de probarla.

Juan Piqueras, el magistrado instructor del caso, archivado por falta de pruebas, declinó ayer cualquier comentario sobre el asunto de la supuesta violación de su domicilio y de la fabricación y sustitución de las pruebas periciales. Tanto él como otros miembros de la judicatura donostiarra fueron sometidos en aquellas fechas a una durísima presión, que alcanzó el punto de mayor intensidad cuando el Ministerio de Interior acusó al juez Piqueras de interferir en la investigación policial por haber tomado testimonio a los otros presuntos activistas del comando Donostia detenidos en la misma operación. Algunos de estos jueces no ocultaban en aquellas fechas su convencimiento de que estaban siendo espiados y sometidos a control telefónico ilegal.

Tras la operación antiterrorista del 22 de julio de 1987 en San Sebastián, el presidente del Gobierno, Felipe González, respaldó públicamente la actuación policial y manifestó: "La operación de San Sebastián ha sido muy importante. Una operación en la que se detiene a un comando y se entra en un piso en el que hay una persona armada y otras dos que no lo están. La que lleva el arma resulta muerta y las otras dos detenidas". Lo que el presidente del Gobierno no conocía entonces, según dijo ayer el secretario general del portavoz del Gobierno, Miguel Gil, es la supuesta falsificación de las pruebas de la muerte de Urigoitia "para evitar la acción de los jueces". González se ha enterado de la presunta falsificación de las pruebas de la muerte en 1987 de Urigoitia por lo publicado en un medio de comunicación, según Gil, quien aseguró que "ningún miembro del Gobierno tenía conocimiento de lo publicado".

Desconocimiento del Gobierno

El ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, también aseguró ayer que el Gobierno desconocía la supuesta fabricación de pruebas falsas sobre la, muerte de Lucía Urigoitia.

En relación con la actuación del juez Piqueras y con las presiones que sufrió desde el Ejecutivo, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Julián Serrano Puértolas y Adrián Celaya elaboraron un informe del que dieron cuenta al pleno del CGPJ El entonces presidente del CGPJ, Antonio Hernández Gil, ya fallecido, informó también de su conversación sobre esta materia con el presidente González. Fuentes próximas a Hernández Gil aseguran que transmitió a los demás consejeros prudencia al elaborar el escrito de apoyo al juez Piqueras.

El catedrático Celaya mostró ayer su extrañeza ante la posibilidad de que se alteraran las pruebas en el domicilio del instructor del caso, informa desde Bilbao Eva Larrauri. "No me consta que se hubieran registrado ese tipo de irregularidades; si no, el Consejo se habría movilizado de otra manera". Celaya recuerda que el juez Piqueras sufrió "un acoso" por parte del entonces gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu. "El Consejo salió en defensa de la independencia del juez, que en todo momento tuvo una actuación correcta. Fue una muerte extraña que no quedó aclarada, pero no era labor del Consejo continuar la investigación", explica Celaya.