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Calendarios

Desde el 6 de junio de 1993 éste ha sido el tema central de la política española. Lo escribo en plural, porque la vida política ha consistido en un enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición por fijar la fecha de las próximas elecciones.

Políticamente esto es lo que está dando unidad y definiendo esta legislatura. De manera injusta, porque la legislatura está siendo muy productiva, tanto desde un punto de vista legislativo (reforma laboral, Ley de Arrendamientos Urbanos, Ley del Jurado, Código Penal, etcétera), como desde el punto de vista del control del Gobierno (comisiones de investigación, debates políticos, etcétera). Pero las cosas son como son y la lucha por la definición del calendario electoral lo ha eclipsado todo.

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Y lo continúa eclipsando. Si hasta ahora el enfrentamiento había sido entre la mayoría y la minoría, en este momento el debate se ha instalado en el interior de la propia mayoría con la exigencia de CiU al Gobierno de que "desvele" su calendario electoral.

Esto es una barbaridad, de la que espero que no tengamos que arrepentirnos todos. El calendario electoral es una regla esencial de juego político, que, por eso mismo, debería ser neutral. El principio de legitimación democrática exige un calendario electoral neutro, incompatible con la disolución anticipada. Por eso en los Estados Unidos, único país que inició la construcción del Estado con base en el principio de la "soberanía popular" no hay disolución del Parlamento. Y no la hay, porque la disolución en democracia es un reproche de los partidos a los electores por haberse equivocado al votar. Al revés de como debe ser. La disolución es una institución europea, consecuencia de la transformación de la monarquía absoluta en monarquía liberal parlamentaría o constitucional. No tiene sentido en el constitucionalismo democrático.

. Hay países con mucha tradición, que han neutralizado mediante usos y convenciones el ejercicio del derecho de disolución. Pero hay otros que no hemos, sido capaces de hacerlo. Los casos de la Alemania de Weimar y la España de la Segunda República son los más expresivos.

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Alemania aprendió la lección. De ahí que su constitución haya casi suprimido la disolución anticipada, realizándose las elecciones "por almanaque" y no como consecuencia de una decisión política. Tanto en la Federación como en los Lánder.

En España, por el contrario, estamos dando pasos en la dirección' opuesta. No sólo se está centrando el enfrenta miento político general en la imposición del calendario que a cada quien le conviene, sino que además se ha procedido en los últimos años a la aprobación de mecanismos de di solución discrecional en las Comunidades Autónomas, que pueden acabar conduciendo, si se hace uso de ellos, al colapso del sistema político en su conjunto. Ya se empieza a hablar de "autodisolución" en Andalucía y nada menos que por el presidente del Parlamento. Y puede ir a más en más sitios.

Un calendario electoral no neutral acaba con la posibilidad de que exista un terreno común en el que los agentes políticos pueden debatir como partes de un mismo todo. Eso hace que se queden en la cuneta muchas cosas. Entre otras, en esta legislatura, se ha quedado nada menos que el consenso antiterrorista, roto desde el verano del 94 y no recompuesto desde entonces. Los resultados creo que los estamos viendo todos, aunque padeciendo unos más que otros.

Así no se puede seguir, decía Molins hace unos días. Y es verdad. Un pulso permanente para sacar ventaja del calendario electoral no hay democracia que lo pueda soportar.

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