Aborto, una polémica de 15 años

En sólo 15 años, los españoles han pasado del antiabortismo activo a asumir la despenalización de la interrupción libre del embarazo, según atestiguan las encuestas realizadas en este plazo por el Centro de Investigaciones Sociológicas. En 1979, el 60% de los españoles se mostraba contrario a la legalización genérica del aborto, mientras hace apenas ocho meses (otoño de 1994) casi la misma proporción, el 64%, está de acuerdo con la actual ley de despenalización o desea incluso ampliarla.Este cambio tan profundo se demuestra aún de forma más radical cuando se formula una pregunta sencilla: ¿cree que se debe castigar con penas de prisión a las mujeres que aborten en circunstancias distintas a las que permite la actual legislación?

Hace ocho meses, la respuesta fue contundente: el 68% de los españoles se opone a que en estos casos las mujeres sean encerradas entre rejas. Y sólo el 19% las considera reos de cárcel. Esta nueva percepción social está en la base de la ampliación de la ley actual que propone el Gobierno.

La evolución de las encuestas indica que la sociedad. española se pone en guardia contra las medidas que puedan provocar un aumento frívolo de las prácticas abortivas, hasta el punto de convertirlas en un método anticonceptivo más; pero se muestra claramente partidaria de solucionar los problemas cuando realmente se presentan. En pocos casos, la evolución de la opinión, pública ha ido modificando gradualmente, como en este, las posiciones de los partidos políticos.

El primer salto sociológico se produjo en febrero de 1983, cuando el recién elegido Gobierno socialista aprobó la despenalización en tres supuestos (riesgo para la salud de la madre, malformación del feto y violación).

La izquierda tomaba entonces una decisión que en otros países europeos ha abanderado el centro-derecha y que en España sólo contaba con el precedente, de una ley del Gobierno republicano en plena guerra civil. El 57% de los ciudadanos apoyó la propuesta del nuevo Gobierno socialista y sólo la tercera parte se opuso. La campaña de explicación del Ejecutivo debió ser convincente: apenas dos años antes, en 1981, únicamente el 39% de los encuestados era partidario de despenalizar el aborto en "algunos supuestos".

Recurso al Constitucional

La despenalización de los tres supuestos abrió una polémica que se mantiene hasta hoy mismo. Perdida la batalla parlamentaria, los grupos antiabortistas se propusieron imposibilitar en la práctica la aplicación de la ley. Por otro lado, en PCE y más tarde Izquierda Unida y numerosos colectivos feministas, incluidas las mujeres socialistas la consideraron insuficiente desde el principio. El Gobierno optó por caminar paso a paso, pegado a la evolución de la opinión pública.

La primera despenalización de la democracia fue recurrida de forma inmediata por el PP (entonces Alianza Popular) ante el Tribunal Constitucional y la ley quedó paralizada desde finales de 1984 hasta el verano de 1985.La sentencia del Constitucional produjo un resultado contradictorio: por un lado, se proclamó la defensa del nasciturus; pero por otro posibilitó la extensión al componente psíquico del riesgo de, salud de la madre. Una opción que fue utilizada después por muchas mujeres.

Tras su entrada en vigor el 12 de julio de 1985, la ley se afianzó en la conciencia de la ciudadanía, al mismo tiempo que su aplicación se iba desplazando de la sanidad pública, incapaz de proporcionar una atención tan polémica, a las clínicas privadas. Los sondeos de 1986 a 1991 demuestran que las dos terceras partes partes de la población española están a favor de la despenalización en los y tres supuestos. Curiosamente es el caso de violación el que concita un menor acuerdo siempre rozando el 65%.

Las acciones de los grupos pro vida llegan a cuestionar también a las clínicas privadas. En algunos casos extremos como Navarra, la presión social imposibilita desde entonces la aplicación de la ley. Las mujeres navarras que quieran utilizar su derecho a abortar deben buscar el amparo de la ley en otra comunidad autónoma.

Con la ley todavía fresca en el BOE se desencadenó el debate intemo en el partido socialista, auspiciado por el lobby femenino que cuenta con el apoyo de Carmen Romero, esposa del presidente del Gobierno, para una ampliación de la ley. La receptividad de sus compañeros varones será escasa durante mucho tiempo.

Las propias mujeres socialistas se enfrentan a un dilema. Un sector busca el camino de la apertura a través de un cuarto supuesto, relacionado con la falta de recursos económicos de la madre. Y otro se va decantando poco a poco por una ley de plazos. Los sondeos son tozudos y se encargan de resolver la polémica. Los datos de la segunda mitad de la década de los ochenta no admiten duda: la sociedad rechaza una y otra vez despenalizar el aborto por falta de recursos económicos de la madre. La mitad de la población se opone expresamente entre 1986 y 1991.

Sin embargo, se va abriendo paso otra fórmula, aparentemente más radical: dejar la decisión final en manos de la mujer durante las 12 primeras semanas de gestación. Si en 1979 sólo el 19% de los españoles concedía a las mujeres la libre decisión sobre su cuerpo en este asunto, 12 años más tarde, en 1991, los partidarios de esta posibilidad son equivalentes a sus detractores. Una tendencia que se ha consolidado: en octubre del año pasado, las tres cuartas partes de los ciudadanos favorables a ampliar la ley otorgan la última palabra a la mujer.

Vuelve la discusión

El renacimiento de la polémica se produce tras las elecciones de 1993. La ampliación de la ley del aborto figura en el programa electoral del PSOE, e Izquierda Unida se había comprometido a presentar su propio proyecto.

Belloch, además, tenía ante sí un objetivo sumamente ambicioso: un nuevo Código Penal. "No quiero que la discusión del Código Penal se convierta en una polémica sobre el aborto", afirmó Belloch poco después de llegar al Ministerio de Justicia. Para evitarlo se comprometió a sacar el asunto del aborto del Código Penal, basándose en unos sondeos inequívocos: la sociedad española no es partidaria de encarcelar a las mujeres que aborten incluso fuera de los supuestos legales.

Otras encuestas reforzaban esta opinión: un 45% de la población es partidario de ampliar la actual ley, otorgando a la mujer la última decisión, dentro de las 12 primeras semanas. La otra mitad de la población se opone a la ampliación. Pero de ellos, la tercera parte se siente tranquila si la nueva ley se compromete a ofrecer información y posibilidades altemativas a la mujer antes de decidirse a interrumpir su embarazo.

Con estos datos en la mano, sólo faltaba la decisión política. Una decisión que ha provocado la mayor crisis en los apoyos que el nacionalismo catalán ofrece al Gobierno socialista para su mantenimiento en el poder Unió Democrática de Catalunya, el socio democristiano de Pujol, se opone con todas sus fuerzas en un momento en que la situación del Gobierno es más delicada que nunca.

Pese a que influyentes dirigentes de Convergencia Democrática de Catalunya afirman que "nuestra colaboración con Felipe González no se va a romper por el tema del aborto", la incomodidad de muchos de ellos es patente. Y el PP no está dispuesto a distraerse de otros temas polemizando una vez más sobre un asunto que tradicionalmente ha marcado la diferencia entre izquierda y derecha. "La opinión pública no considera urgente la modificación de la ley actual", afirma Luisa Fernanda Rudi.

No obstante, la polémica está ahí. Mucho menos dramática que hace 15 años, por supuesto. Pero igual de trascendente.