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¿ Como reducir el paro?: Algunas alternativas

DEBATE SOBRE EL EMPLEOLos altos costes de despido por causas económicas y la ineficiente regulación de la negociación colectiva son, para el autor, las causas principales mal funcionamiento del, mercado de trabajo español.

De acuerdo con la última En,cuesta de Población Activa, la tasa de paro en España superó el 23% en el primer trimestre de 1995. Las previsiones disponibles coinciden en que la tasa de paro no disminuirá por debajo del 20% durante los próximos tres o cuatro años. Esta situación provoca que existan numerosas propuestas sobre cómo reducir el paro.Para reducir el paro hasta una tasa del 10% se necesitan crear casi 3,5 millones de empleos (1). Teniendo en cuenta la evolución de la productividad del trabajo, esta creación de empleo se corresponde con una tasa media anual de crec¡miento del producto interior bruto (PIB) de alrededor del 4% durante una década. La situación actual de la economía española permite alcanzar este objetivo: la distribución funcional de la renta, entre capital y trabajo, favorece que la inversión se expanda a las tasas actuales de beneficio y, que, por tanto, los salarios reales, puedan crecer a tasas aproximadas a las del crecimiento (exógeno) de la productividad. No Obstante, para aIcanzar esta senda de crecimiento, se necesitan dos tipos de medidas.

En primer lugar, al contrario de lo que piensan algunos, no es necesario que se produzca una desregulación total del mercado de trabajo (2). No obstante, en España el coste del despido por razones eco nómicas es alto, principalmente por la intervención del Estado. El resultado es una segmentación socialmente injusta del empleo en trabajos fijos y temporales que, además, tiene efectos económicos negativos evidentes. Los altos costes del despido por causas económicas producen una asignación subóptima del factor trabajo y una pérdida de eficiencia de la economía, sin que aseguren la estabilidad en el empleo a muchos trabajadores. Por otra parte, la regulación de la negociación colectiva da lugar a una estructura fundamental mente sectorial, que tiene un sesgo inflacionista y que perju dica, también, la asignación óptima del trabajo. Los altos costes de despido por causas económicas y la ineficiente regulación de la negociación colectiva son, a pesar de la reforma laboral del año pasado, las causas principales del mal funcionamiento del mercado de trabajo español.

En segundo lugar, hay que ser realistas y darse cuenta de que el crecimiento de la demanda necesario para crear suficiente empleo no se producirá únicamente como consecuencia de las reformas de oferta. La falta de flexibilidad en la fijación de los salarios y de los precios, resultado de las rigideces de los mercados de trabajo y de bienes, impiden el necesario ajuste de los precios relativos. En estas circunstancias, las políticas de demanda deben ser más acomodaticias y acompañar a las necesarias reformas en el lado de la oferta. Sin embargo, la acumulación de deuda pública debe, pararse con un control del gasto, público, tanto más riguroso cuanto menor sea la tasa de crecimiento del PIB y, por tanto, de los ingresos públicos. Como consecuencia, la única alternativa posible es una política monetaria menos restrictiva. Este cambio de la orientación de la política monetaria puede provocar una depreciación del tipo de cambio en el corto plazo, pero si el crecimiento sostenido requiere ajuste de paridades, bienvenidas sean éstas.

Los que se oponen alas recomendaciones anteriores afirman que es ilusorio pretender que la economía española crezca de forma sostenida al 4% durante una década. Esto lleva a algunos proponer que, como no se puede crear el empleo su ficiente, hay que repartir el trabajo. Sin embargo, hay que reconocer que el papel que el re parto del trabajo puede jugar a la hora de reducir el paro es limitado: En primer lugar, es difícil que las horas de trabajo por trabajador disminuyan de forma general sin que se establezcan medidas obligatorias como la reducción general de la jornada de trabajo, medidas que perjudican la creación de empleo al producir un aumento de los costes laborales. En segundo lugar, si suponemos que la cantidad de factor trabajo disponible es fija (lo cual es una falacia), para eliminar el paro, sería necesario reducir la jornada laboral a tiempo completo a 35 horas semanalas y, además, que casi un 40% del empleo fuera a tiempo parcial, y esto siempre que horas de trabajo y número de trabajadores puedan sustituirse entre sí sin afectar a la productividad (lo cual tampoco es cierto). En consecuencia, la idea de que el reparto del trabajo es la solución al paro está basada en falacias, es peligrosa y, además, poco realista.

Por otra parte, los que se oponen al cambio de la orientación de la política monetaria afirman que España no puede quedarse al margen del proceso de convergencia nominal con la Unión Europea y que debe, por todos los medios, aspirar a ser un miembro fundador de la Unión Económica y Monetaria (UEM) con una tasa de paro del 20% es aún más ilusorio que pensar que se puede crecer al 4% durante una década. Los acontecimientos recientes demuestran que los mercados financieros perciben la inconsistencia que supone la coexistencia de una tasa de paro superior al 20% con altos tipos de interés reales. De hecho, la prima de riesgo que hemos de pagar para conseguir financiación exterior es, en la actualidad, de alrededor de 450 puntos básicos. No obstante, hay que tener en cuenta la disciplina impuesta por los mercados financieros y, por tanto, el cambio de la orientación de la política monetaria propuesto anteriormente tiene que ser completamentado indefectiblemente con ciertas formas de oferta que permitan dotar de fundamentos más sólidos a la estructura productiva de la economía española.

Se puede estar en desacuerdo con nuestras proposiciones, pero es evidente que algo tiene que cambiar para que el paro se reduzca sustancialmente. La situación actual, en la que los agentes sociales se enfrentan en una lucha por la supremacia, causa una pérdida de bienestar social inmensa. Por un lado, dada la insuficiente creación de empleo, los sindicatos se oponen a cualquier reforma significativa del mercado de trabajo español, protegiendo a los trabajadores con un empleo fijo; por otro lado, los mercados financieros parecen obligar a las autoridades monetarias a subir los tipos de interés ante cualquier repunte trasitorio de la inflación. Mientras, el Gobierno no actúa de forma decidida sobre el déficit público y desarrolla una política de reformas estructurales tímida, en el mejor de los casos. La coordinación de una política de demanda razonablemente expansiva con reformas de oferta puede cambiar esta situación. Un pacto social, implícito o explícito, que haga más fácil dicha coordinación, parece, hoy en día, más necesario que nunca. Las condiciones económicas lo hacen posible. Sólo falta la voluntad política de todas las partes.

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