La desigualdad económica entre españoles dejará de reducirse en la década de los noventa

La reducción en la desigualdad económica que España experimentó en la década de los ochenta no se repetirá en la de los noventa. En los años que cerrarán el siglo XX es posible que España no sea más desigual, pero tampoco será más igualitaria, según la opinión de algunos de los expertos que han participado en el II Simposio sobre Igualdad y Distribucion dé la Renta y la Riqueza, recientemente organizado en Madrid por la Fundación Argentaria. En los ochenta las diferencias entre los ricos y los pobres españoles se redujeron. En los noventa, como poco, se mantendrán.

Al contrario de lo que ocurrió en muchos países de la OCDE fundamentalmente Estados Unidos y Reino Unido, pero también Suecia- España redujo la pasada década sus desigualdades sociales. En los años comprendidos entre 1980 y 1990, el 10% más pobre d é la población pasó de tener un 2,75% de participación en la renta monetaria disponible (los ingresos ordinarios del hogar) a un 3,15%, es de cir mejoró su posición un 14,5%, mientras el 30% más rico disminuía su participación un 7,7%.Diversos factores, como una escasa dispersión salarial y una acción más amplia de las políticas públicas, contribuyeron a reducir las desigualdades en los ochenta. Pero muchos de esos factores, según expusieron los investigadores del Instituto de Estudios Fiscales, Luis Ayala, Rosa, Martínez y Jesús Ruiz-Huerta, están ahora en solfa. De hecho, según el Informe Económico BBV 1993 en los tres primeros años de esta década, el 20% más pobre de la población mantiene casi la misma participación en la distribución de la renta (7,36% en 1991, 7,34% en 1992, y 7,34 en 1993).

A juicio de Luis Ayala, será el mercado de trabajo el que más contribuirá al freno de la reducción de las desigualdades. Y lo hará en un doble ámbito: el de una mayor desigualdad salarial entre los que trabajan, y la desigualdad entre los que tienen empleo y los que están en paro.

La desigualdad salarial es un fenómeno que se dio en la mayoría de los países industrializados en los ochenta y que en España no ocurrió por varias causas. La primera, por el efecto amortiguador del empleo público, mucho más igualitario salarialmente que el privado y que, creció a tasas espectaculares, un 40% frente a un 11 % en el sector privado. Además, en la industria aún no se daban nuevas formas de tecnología, que ahora ya están en marcha, al tiempo que los servicios permanecían cerrados a la competencia.Ahora la oferta de empleo público se congela, la tecnología se aplica y los servicios se tienen que abrir. "La contrapartida de la liberalización", dice, Ayala, "es tener más desigualdad".

En cuanto a la dualización entre los activos y los parados, cree que la estructura productiva del país no dará suficiente de sí para crear empleo estable.

La distinta posición de la que partía España en los ochenta y los cambios políticos y sociales que se produjeron impulsaron la reducción de las desigualdades.Se instauró un nuevo régimen fiscal que contribuyó a la redistribución de la renta, y se aumentó el gasto social por encima de la media europea (subió tres puntos en España, hasta el 21,4% del PIB, y en la CE, medio punto -26% - del PIB-). Pero, además, no se dieron fenómenos que se daban en otros países.

Red familiar

No había, por ejemplo, desigualdad salarial. La extensión de las pensiones, tanto asistenciales como contributivas, contribuyó a esa reducción de la desigualdad, y el desempleo -con una tasa doble a la europea- paradójicamente no la impidió -gracias a la extensión del seguro de paro -el 50% de los ingresos de los parados eran transferencias- y, sobre todo, la red familiar que protegía a los desempleados, un aspecto de tremenda importancia si se tiene en cuenta que, según la Encuesta de Población Activa, el 60% de los parados tenía menos de 30 años, y más de la mitad eran hijos que seguían viviendo con sus padres.En España coinciden ahora, además, razones presupuestarias que, según Ayala, limitará seguir reduciendo la desigualdad. Por ejemplo, cualquier reducción en las pensiones de jubilación o el endurecimiento en las prestaciones de desempleo contribuiría a ampliar la brecha entre ricos y pobres.