El reportero que 'pinchó' por una exclusiva

Quiero mucho a mi hijo y estoy a su lado. Espero que la profesión también lo esté". Preocupado y tenso, Santi Arriazu, director de la agencia Paramedia, cogía a su hijo Carlos por el hombro en los pasillos del Tribunal Criminal de Manhattan, a la salida de la Sala 400, en la que los dos acababan de escuchar la decisión del Gran Jurado: hay indicios suficientes como para formalizar la acusación de un delito grave contra el periodista por pinchar el teléfono de una joven amiga del príncipe Felipe.

Carlos Arriazu no respondía a las preguntas y sólo musitaba: "No, no, no tengo nada que decir, no puedo decir nada". El 17 de julio tendrá que declararse culpable o inocente de grabar ilegalmente conversaciones telefónicas, un delito castigado con hasta cuatro años de cárcel.

El juez John Walsh tenía ayer una mañana atareada. La Sala 400 es como el resto del edificio: pesada arquitectura de los años cincuenta, paneles de madera en las paredes y bancos para acusados y público. En un ambiente informal, más propio de la telecomedia Juzgado de guardia que de la serie La ley de Los Ángeles, la leyenda, "In God we trust [Confiamos en Dios]" preside, junto a la bandera, el rápido desfile de casos.

Carlos Arriazu se sienta en uno de los bancos de madera de la sala. Viste chaqueta azul, corbata del mismo color y pantalón beis y está pálido y aparentemente sobrecogido. Juega con las manos y evita mirar hacia atrás, a los periodistas que le preguntan sin éxito y reciben de vez en cuando indicaciones del juez para que se callen. Tampoco mira al juez. Sólo a la derecha del banco, donde está su padre, y a la izquierda, donde están la traductora y la abogada, Chris Watson.

Llega su turno. Carlos Arriazu y Chris Watson suben al estrado. El fiscal auxiliar John Ortiz dice: "El Gran Jurado ha decidido que hay pruebas suficientes como para proceder a la acusación". El juez Walsh comunica que se ha fijado la fecha del 17 de julio para que Arriazu comparezca ante el Tribunal Supremo de Nueva York (a pesar de su denominación, es el primer nivel judicial que se ocupa de delitos mayores) para escuchar las acusaciones y declararse culpable o inocente.

El juez le comunica que no puede abandonar EE UU, algo que ya sabe porque ya le había sido confiscado el pasaporte, y le advierte que tiene estrictamente prohibido contactar con la querellante, la joven a la qué fotografió, intentó entrevistar y grabó ilegalmente.

Se acabó. Todo ha durado siete minutos escasos. La abogada ahuyenta a los periodistas: "¡Déjenle en paz, déjenle en paz, no comment!"., El grupo, desaparece en el edificio. Los abogados, señala en conversación telefónica el cónsul, Ramón, Gil Casares, insisten en que no haya declaraciones que compliquen más la situación.

Todos los indicios apuntan a que los Arriazu se disponen a esperar la comparecencia del 17 de julio en Miami, el lugar en el que Carlos reside y donde contrató a los dos detectives, Jiménez y Fernández -queayer seguían detenidos sin haber pagado la fianza-, para que le ayudaran en la grabación de las conversaciones telefónicas.