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Admitida la demanda de amparo de UGT por el embargo de PSV

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la demanda de amparo presentada por los abogados de UGT en relación al auto de embargo cautelar, dictado por la Audiencia Nacional como consecuencia del caso PSV-IGS Los actuales gestores de IGS han abandonado la sede del grupo, que ha pasado a ser propiedad de Argentaria como parte del proceso de liquidación.

El auto de embargo decretado por el juez Miguel Moreiras fijaba una fianza de 42.000 millones de pesetas para varios ex responsables de la cooperativa de viviendas PSV y del grupo IGS y señalaba a UGT como responable civil subsidiario, lo que motivó el recurso de la central.El sindicato entiende que la decisión del Tribunal Constitucional refuerza su argumento de que el auto de embargo cautelar puede atentar contra el derecho constitucional en materia de libertad sindical.

En la resolución de la crisis de PSV se produjo ayer un avance y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) comenzó a pagar a los cooperativistas dados de baja que sean acreedores por un importe inferior a seis millones de pesetas.

Los actuales gestores de IGS-PSV abandonaron ayer su sede social en la calle Orense, en Madrid, que ha pasado a ser propiedad de Argentaria tras subrogar la hipoteca pendiente de 1.200 millones de pesetas más 349 de intereses. La nueva sede de la cooperativa, hasta que culmine el proceso de liquidación, se encuentra en la primera planta del mismo inmueble.

Esta operación, que forma parte del proceso liquidatorio de IGS, se cerré el pasado 31 de marzo. Argentaria es acreedor de IGS por más de 6.800 millones de pesetas y ha realizado una operación similar con los terrenos de Bressel, en la calle Alfonso XIII de Madrid, y valorados en unos 2.400 millones de pesetas.

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