Los bienes incautados a los narcotraficantes engrosarán un fondo de lucha contra la droga

Los "bienes, efectos e instrumentos" decomisados por sentencia firme a los condenados por tráfico de drogas y blanqueo de dinero engrosarán un fondo de titularidad pública destinado a financiar la prevención de las drogodependencias, la rehabilitaciónde los toxicómanos y la persecución del narcotráfico. Así lo dispone el proyecto de ley de creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros, a iniciativa de Justicia e Interior.

La aprobación de esta ley fue prometida el pasado enero por el presidente del Gobierno, Felipe González, en una carta di rigida a la responsable de la Federación Gallega de Asociaciones de Lucha contra la Droga, Carmen Abendaño.Pocos días antes, los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y Carlos Bueren habían decretado el embargo de los bienes de Laureano Oubiña y su esposa, Esther Lago, para hacer frente a la multa de casi 2.600 millones de pesetas impuesta en la sentencia del caso Nécora.

Una de las reivindicaciones históricas de las asociaciones gallegas contra la droga, la conversión del famoso pazo de Baión, (Vilanova de Arousa), en un centro de rehabilitación de toxicómanos, podría hacerse realidad con el proyecto de ley.

Su artículo 4 señala: "Excepcionalmente, los bienes inmuebles [decomisados a los narcotraficantes] se podrán destinar a la instalación, ampliación o reubicación de dispositivos dedicados a la prevención, asistencia o inserción social y laboral de drogodependientes". La propiedad de los edificios será siempre del Estado, pero su uso podrá cederse a comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales.

Autonomías y ayuntamientos

Los bienes "que por sentencia firme se adjudiquen definitivamente al Estado" engrosarán un fondo, de titularidad estatal, que se destinará a programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos; intensificación y mejora de las actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos previstos en la ley; y cooperación internacional en la materia.

Podrán beneficiarse de este fondo la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, las comunidades autónomas, las organizaciones no gubernamentales; los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado; el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Fiscalía Especial Antidroga y otros organismos, tanto nacionales como internacionales, de acuerdo con los programas y acuerdos suscritos.

Policías autonómicas y locales, a través de gobiernos autónomos y ayuntamientos, al igual que las Fuerzas de Seguridad del Estado, podrán obtener financiación del fondo, para sufragar los costes que conlleve la obtención de pruebas, la adquisición de medios materiales y el reembolso de gastos realizados, incluso por particulares, durante la investigación.

La adjudicación de los bienes incautados se decidirá por una Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, compuesta por tres representantes del Ministerio de Justicia e Interior y otros tres de Economía y Hacienda.

Durante el primer trimestre de cada año, se remitirá al Parlamento un informe completo sobre la actividad del fondo, principales operaciones y datos económicos más destacados. Su actuación estará, además, sometida al control de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas.