Manual de un político decente

Las fuerzas vivas de la sociedad británica se unieron ayer a la clase política para saludar con orgulloso entusiasmo el documento publicado el jueves por la comisión Nolan, un compendio de buenos propósitos y medidas preventivas para mantener a salvo de corruptelas al Parlamento. Lo más llamativo es el tono casi religioso con el que el juez Michael Nolan y sus nueve colaboradoras han redactado lo que algunos periódicos califican como las "siete virtudes" del diputado.Entre los defensores del informe -el primero que aborda el funcionamiento del Parlamento británico desde una perspectiva moral en este siglo- hay muchos que confían en que todo quede en un loable esfuerzo teórico. De hecho, el traslado de estas recomendaciones a un corpus normativo no parece inminente.

Son siete y se enumeran así:

Falta de egoísmo. Virtud capital que a juicio de la comisión debe adornar a los que desempeñan una tarea pública. Seres de integridad férrea a quienes no debe guiar sino el interés público a la hora de tomar decisiones.

Integridad. Segunda en importancia y directamente ligada a la primera, pero destinada a estimular en los cargos públicos el desprecio al vil metal. Los políticos, dice el informe a este respecto, "no deberían estar presionados por obligaciones financieras o de cualquier otro tipo contraídas con individuos u organizaciones que puedan influenciarles en la realización de sus tareas oficiales".

Objetividad. Algo así como u sentido de eficacia exigible a lo políticos a la hora de desempeña sus funciones, para no dejarse llevar por otras miras que las de "mérito profesional a la hora de hacer nombramientos públicos otorgar contratos o recomendar i determinadas personas para que reciban galardones o premios".

Sentido de la responsabilidad. La asunción de las premisas anteriores no significa que los cargos públicos estén liberados de la responsabilidad de "responder" de sus acciones ante el pueblo y estar dispuestos a someterse al escrutinio público de su trabajo.

Accesibilidad. El político debe estar abierto a la discusión de sus acciones y, más importante, "debe dar razones de sus decisiones y restringir la información sobre las mismas sólo cuando el amplio interés público así lo requiera".

Honestidad. Para que el septeto de normas tenga sentido, la comisión considera vital esta virtud, entendida en un sentido práctico. Los políticos deben declarar los intereses privados que se relacionen con sus tareas públicas y "tomar las medidas necesarias para resolver los conflictos que se produzcan en un sentido que ' favorezca al interés público".

Liderazgo. Una cualidad desgraciadamente no al alcance de la mayoría de los cargos públicos, aunque el informe se refiere más bien a su obligación de asumir un "liderazgo" decidido a la hora de "promover y apoyar estos principios", con su ejemplo.