Las familias de inmmigrantes más pobres cobran ya el salario social

La barrera legal que impedía a los inmigrantes percibir el ingreso madrileño de integración (IMI) cayó derribada en el verano de 1994, tras la reforma de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad. Desde entonces, 61 familias de tra bajadores extranjeros sin empleo han conseguido esta ayuda -entre 39.000 y 60.000 pesetas mensuales-, que perciben otras 7.625 familias madrileñas. Las peticiones se han duplicado desde comienzos de año, aunque Integración Social cree que no se mantendrá este aumento.

La razón es simple: los inmigrantes necesitan de un empleo para renovar sus permisos de trabajo y residencia, y eso no lo arregla este subsidio semestral.El perfil de los perceptores extranjeros del ingreso madrileño de integración (IMI) es distinto al de las 7.625 familias que también reciben el salario social. Entre los inmigrantes hay más hombres, son más jóvenes y su nivel educativo es algo superior que entre el de los madrileños. De octubre de 1994 a febrero de 1995 hubo 115 inmigrantes regularizados que pidieron este "salario para pobres". Hasta el momento, 61 solicitudes han encontrado res puesta positiva, se han denegado 8 y hay 46 pendientes de en tregar documentación.

De los 61 perceptores: 21 son marroquíes, 11 latinoamericanos (5 peruanos, 4 colombianos, 1 cubano y 1 hondureño), 5 guineanos, 4 portugueses, 3 angoleños y el resto de diversas nacionalidades. La residencia es un requisito indispensable para obtener el salario. La mayoría dispone de documentación como trabajadores inmigrantes. Sólo cuatro son asilados y otros cuatro, los portugueses, cuentan con tarjeta de ciudadanos comunitarios.

Compromiso de integración

El director general de Servicios Sociales Generales de la Comunidad, Manuel Gómez, explica que la tramitación de ]las solicitudes de inmigrantes es dificultosa por la compleja normativa sobre residencia. Una vez concedido el IMI, el inmigrante debe comprometerse a formarse para facilitar su integración. "Esto es algo a lo que están obligados todos los beneficiarios, porque pretendemos que esta ayuda económica sirva de gancho para facilitar la integración", explica Gómez. "En el caso de los inmigrantes, incidimos en las clases de castellano, de cultura española y también sociolaborales", concluye.

La anterior Ley de Servicios Sociales excluía a quienes no fueran residentes españoles. El 23 de junio de 1994, la Asamblea de Madrid reformó la Ley para atender a todos los residentes en la región (lo que incluye a los extranjeros regularizados) a propuesta de IU, con el apoyo del PSOE y el voto contrario del PP. El cambio permite a los inmigrantes solicitar desde una vivienda social al IMI. Antes, sólo conseguían ayudas (guarderías, becas de comedor ... ) por razones humanitarias y no porque tuvieran derecho a ello pese a vivir, trabajar y pagar impuestos en Madrid.