La batalla de Lausana

El intento del juez Manuel García-Castellón de investigar tres sociedades presuntamente vinculadas al ex presidente de Banesto, Mario Conde, y a su abogado, Mariano Gómez de Liaño, es objeto de una sutil batalla soterrada en la que estos últimos buscan dos cosas: frustrar una comisión rogatoria y asociar dicha iniciativa con empresas que aparecen en el llamado informe Crillon, elaborado por la agencia de detectives Kroll Associates.El 23 de febrero de 1995, el juez se dirigió a la autoridad judicial de Vaud, Lausana, Suiza, informando de la querella criminal presentada por la Fiscalía contra Conde y otros once ex administradores de Banesto.

La comisión rogatoria señala que "en la querella se recogen diversas operaciones que suponen que por parte de alguno de los querellados han dispuesto en su propio beneficio de cantidades de dinero que debían haber quedado en el banco del que eran consejeros y miembros de la comisiónejecutiva". Y agrega: "En estas operaciones intervienen sociedades españolas y también han aparecido, durante la instrucción de las diligencias otras sociedades que tienen nacionalidad suiza, entre ellas destacan Asni Investment, Jamuna y Kaneko Holding, relacionadas con alguno de los querellados y que han obtenido fuertes beneficios por las mancionadas operaciones ( ... )".

El juez solicita que "por autoridad judicial requerida se proceda a citar para posteriormente recibir declaración a las personas que a continuación se citan: Paolo Gallone ( ... ) que aparece en las sociedades antes mencionadas, Kaneko Holding SA y Asni Investment SA", y "Renato Galleti ( ... ), persona que también aparece relacionada con las sociedades Asni Investment, Kaneko Holding SA y Jamuna SA".

El 17 de marzo de 1995, Jacques Antenen, juez de instrucción sustituto del cantón de Vaud, Lausana, contestaba a. la petición: "Tengo el placer de confirmarle que le recibiré el lunes 3 y martes 4 de abril próximos en mis oficinas de Lausana para proceder en vuestra presencia, así como con la del fiscal Orti, al interrogatorio de Paolo Gallone y Renato Galletti, ambos en calidad de testigos en el contexto de la comisión rogatoria intemacional solicitada el 14 de febrero de 1995".

Pero, unos días después, el 22 de marzo, Antenen frenaba el viaje: "Querido colega. Me refiero a mi fax optimista del 17 de marzo de 1995. Parece, según una información que me ha dado hoy por teléfono el abogado de Renato Galletti, que es probable que sea interpuesto un recurso contra la ejecución de su comisión rogatoria y en particular contra su presencia en Lausana, por el abogado de una u otra sociedad relacionadas con su petición. Esto puede retrasar la ejecución de la comisión rogatoria". El abogado Dominique Poncet apeló en nombre de las sociedades la citada comisión rogatoria ante el Tribunal Federal de Suiza.

Pero en el intermedio, hay una pequeña historia. En los primeros días de marzo pasado, representantes de la familia Salama se dirigieron al juzgado del caso Banesto. Querían sabes por qué se investigaba a la empresa Socimer, de la que forman parte, según informaciones aparecidas en la prensa española. Un diario de Madrid, El Mundo, había informado que la comisión rogatoria enviada a Suiza incluía a las sociedades Socimer, Unifund, Pilar Corporation, Kaneko Holding y Asni Investment. El juez dijo que no se les investigaba. De la lista de sociedades filtradas a la prensa, la comisión rogatoria sólo hacía referencia a una de ellas: Kaneko Holding.

Socimer, Unifund, y Pilar Corporation sí aparecen, en cambio, en el célebre informe Crillon sobre las actividades presuntamente ilícitas de Mario Conde en el exterior, elaborado por la agencia Kroll y pagado, según la denuncia del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, con cargo a los fondos públicos reservados. Kaneko Holding figura en el informe Crillon, pero no es ningún scoop: ya en 1991 estaba inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomar un 19% en la sociedad patrimonial más importante de Mario Conde: Asebur Inversiones.