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La banca concede por primera vez más crédito electoral al PP que al PSOE

La banca da por descontado el triunfo del Partido Popular en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Por vez primera, el partido de José María Aznar recibirá más créditos que el PSOE para financiar su campaña electoral. Aunque las diferencias no son grandes (1.200 millones para los populares y 900 para los socialistas) la banca considera, en función de las encuestas, que el PP ganará las elecciones y recibirá, en consecuencia, más subvenciones públicas con las que devolver los préstamos recibidos.

El Partido Popular, el PSOE e Izquierda Unida han solicitado a los bancos 1.200, 900 y 700 millones de pesetas respectivamente para financiar su campana electoral. Ninguna de las tres formaciones políticas, que acaparan el 90% del total de créditos bancarios, tendrá problemas para obtener la cantidad solicitada, según fuentes bancarias relacionadas con la financiación a los partidos."Las prospecciones de votos, las distintas encuestas que se manejan y la experiencia desarrollada en todos estos años", afirman las citadas fuentes, "constituyen el soporte técnico a la hora de calcular la viabilidad de devolución de los créditos concedidos".

Y estos estudios son los que han hecho que, ante la campaña del 28 de mayo, el primer partido de la oposición vaya a recibir, por vez primera, 300 millones de pesetas más que el partido del Gobierno. Es la primera ocasión, desde que el PSOE llegó al poder, en que sus responsables piden, y reciben, menos financiación oficial bancaria que el PP.

Todos al Popular

Curiosamente, las tres formaciones políticas de ámbito nacional se han dirigido al Banco Popular en busca de la financiación que necesitan para sufragar sus gastos electorales; independientemente de que, al final, el préstamo se articule a través de una póliza sindicada entre varias instituciones de crédito o bien se tramite en exclusiva con ese banco. Razones históricas, en opinión de las fuentes consultadas, podrían explicar esta elección.

La primera, y más importante, es que el Popular es el único banco al que los partidos políticos no adeudan cantidades importantes de su deuda histórica. "Parece más fácil", se reconoce en medios políticos, "pedir dinero a alguien con quien no se tienen deudas pendientes".

En círculos financieros se admite que "es posible que los partidos políticos hayan preferido dirigirse a alguna entidad que no intente conseguir, además, garantías suplementarias para tratar de recuperar parte de lo que históricamente le deben".

Además, y no es un motivo despreciable en absoluto, hay algunos bancos a los que les resulta complicado internamente financiar a determinados partidos políticos. El ejemplo de las últimas elecciones legislativas es significativo: tres grandes bancos -Banco Bilbao Vizcaya (BBV), Banco Central Hispano (BCH) y Banco Popular- proporcionaron financiación de forma conjunta al PP, en torno a 1.000 millones de pesetas en total.

En cambio, tanto el BBV como el BCH declinaron participar en una operación similar para Izquierda Unida por valor de 600 millones de pesetas, a pesar de que " IU es el mejor pagador de todos los partidos", según admiten fuentes financieras.

Aunque las peticiones de crédito han tenido al Banco Popular como único destinatario, en medios financieros se considera probable que alguna de las entidades que ya participaron en el pool de 1993 termine entrando en las operaciones de préstamo para esta campaña. Las garantías de devolución se calculan en función de los resultados electorales, tanto en lo que se refiere a las elecciones municipales como a las autonómicas en las 13 comunidades en las que se realizan.

La ley establece un canon por cada voto obtenido, a partir de un cierto porcentaje o número de escaños logrados, además de financiar la distribución de la propaganda electoral o mailing.

En 1993, último año del que se disponen de datos oficiales, el PSOE recibió 2.164 millones de pesetas del Estado en concepto de subvención electoral, más otros 256 millones que percibieron los socialistas catalanes del PSC: 2.420 millones en total por sus resultados en las elecciones generales y gallegas. El PP, por su parte, cobró 2.215 millones de las arcas públicas.

Los partidos renegocian su deuda histórica

El presidente de la patronal bancaria AEB (Asociación Española de Banca), José Luis Leal, y el de la Comisión del Congreso sobre Financiación de Partidos, Luis Mardones, mantienen conversaciones para encontrar una fórmula que permita solucionar el problema de la deuda histórica de las formaciones políticas.En el seno de la AEB se ha constituido un grupo de trabajo -en el que participan, entre otros, el BBV, el BCH y el Popular- que está ultimando una propuesta de refinanciación de la deuda, que será remitida al Congreso, para que se tenga en cuenta a la hora de redactar la nueva ley de Financiación de Partidos.

"De lo que se trata", señala un alto responsable de uno de los bancos, implicados, "es de convencer a los partidos de que la deuda se debe cobrar, no sólo por nuestra cuenta de resultados, sino por la imagen de todos, para que no se nos pueda acusar de haber con donado la deuda EL nadie". También en medios políticos se admite que una amnistía sería inaceptable para la sociedad.

Por ello, el plan de refinanciación que ultima la AEB incluye el pago de la deuda, pero demorando su cobro en el tiempo y reduciendo los tipos de interés. Inicialmente se planteó la posibilidad de fijar el plazo de amortización en 20 años, pero luego se consideró excesivo y actualmente se trabaja sobre un periodo de 10 años, que se podría reducir a cinco o alargar a 15 según las posibilidades de pago del deudor. El tipo de interés dependería del plazo de amortización pero estaría, en todo caso, por debajo del de mercado, teniendo en cuenta que se trata de una deuda que el Banco de España obligó a provisionar y que los partidos políticos son entidades sin ánimo de lucro.

Se trataría, en definitiva, de un acuerdo marco, de carácter público, al que los partidos podrían acogerse para refinanciar su deuda; evitando así las sospechas de favoritismo que suscitan los acuerdos bilaterales fruto de negociaciones reservadas entre deudor y prestatario.

A 31 de diciembre de 1994, la deuda de los partidos con representación parlamentaria ascendía a 21.139 millones de pesetas; de los que 14.000 correspondían a créditos con la banca y el resto, con cajas de ahorro.

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