Canadá se pliega a todas las exigencias jurídicas de España y la Unión Europea en la 'guerra del fletán'

Canadá dio a torcer su brazo la madrugada del jueves. Hasta ese momento, no había movido un ápice sus posiciones, con el consiguiente embarrancamiento de las negociaciones, esperando que los socios de España y Portugal en la Unión Europea presionasen a las potencias pesqueras ibéricas y rompieran su solidaridad.Pero la demostración de firmeza europea evidenciada en la reunión del Coreper -Comité de Representantes Permanentes, que agrupa a los quince embajadores- del miércoles, rompió esa expectativa. La Comisión y los Quince, sin ninguna nota discordante, argumentaron que sin acuerdo en las cuestiones de principio ni se discutirían las cuotas.

Tras conocer que pese a las tensiones con el Reino Unido, la UE se mantenía firme, el Gobierno de Ottawa, después de su reunión de la noche del miércoles, cursó instrucciones a su embajador para ceder en todas las condiciones previas a la discusión de las cuotas de capturas. No sólo en los dos mandamientos-resumen, sino también en las otras exigencias españolas defendidas por la Comisión. Los negociadores de ésta comunicaron el jueves el resultado a la presidencia francesa y a las representaciones de España y Portugal, y se inició la negociación sobre las cuotas. El viernes se reúne el Coreper para formalizar los acuerdos.

El paquete de cuestiones de principio queda así:

Fianza del Estai

Canadá se compromete a devolver la fianza impuesta al Estai (47 millones de pesetas), así como el valor de la carga de pescado incautado el 9 de marzo, en el mismo momento de la firma del acuerdo, que supone la entrada en vigor del mismo. La firma es posterior a la rúbrica, lo que otorga a Ottawa un plazo -que puede ser muy breve- para sobreseer el proceso judicial iniciado contra el Estai . El pago se hará en el momento exigido por España y Bruselas. Caso distinto es la reclamación española por daños y perjuicios al Estai, que se tramita ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), con sede en La Haya. En la negociación no se ha abordado el retorno de Canadá a esa jurisdicción Pero Ottawa pretendía que España retirase su demanda ante el TIJ, lo que no ha obtenido.

Extensión del acuerdo a los miembros de la NAFO

Se fija el 31 de diciembre como fecha-guillotina tope para elevar el acuerdo bilateral a acuerdo multilateral (aunque pueda hacerse antes de final de este año) en el seno de la NAFO (North Atlantic Fisheries Organization, organismo que regula las pesquerías de la zona). El peligro estribaba en que la UE quedara ligada a un pacto que luego otros socios de la NAFO -sobre los que Canadá ejerce gran influencia- rompieran. El pacto supone una prueba de que Canadá cooperará lealmente con la UE para obtener el asentimiento de los otros socios.

200 Millas

Canadá aceptó hace días retirar el reglamento del 3 de marzo por el que extendía su jurisdicción más allá de las 200 millas sobre barcos europeos, pero no la ley en que se sustentaba,. dirigida a los barcos con bandera de conveniencia. Pero faltaba algo más: que se comprometiera a no reimplantarlo en un futuro. Ahora queda claro en el texto que una eventual reimplantación supondría la automática ruptura del acuerdo, y no sólo que la. UE "podría" considerarlo como causa de esa ruptura. Se ha desdoblado el párrafo de la agreed minute, que mezclaba esta cuestión con la de los eventuales incumplimientos de las nuevas normas de inspección y control, equiparándolas. Los incumplimientos, para ser considerados, deberán ser "sistemáticos" y dar lugar a consultas entre las dos partes. Y sólo consta que Canadá "podrá" considerarlos como causa de ruptura, pero sin automatismo.

Inspección y control

Como se acordó desde el principio, se instalarán inspectores en todos los barcos que faenen en zona NAFO, y en el 75% de las unidades de flotas nacionales que superen los 10 barcos faenando. Canadá proponía que esos controles entrasen en vigor a la firma del acuerdo, lo que hubiera supuesto la paralización de la actividad para muchos barcos, una "moratoria encubierta", según España. España pedía un plazo. Se ha fijado: será de 15 días a partir de la firma para la universalización de los inspectores. Y "cuando sea realistamente posible" para la instalación de satélites: los barcos que acudan a la zona deberán ir provistos de satélite; pero los que ya están faenando lo instalarán cuando acaben su marea, es decir, cuando atraquen en puerto, sin interrumpir su actividad.