El Gobierno nombra a Jiménez de Parga y Vives jueces del Constitucional

El Consejo de Ministros designó ayer, con 40 días de! retraso, magistrados del Tribunal Constitucional a los catedráticos de Derecho Constitucional Manuel Jiménez de Parga, de 65 años, y de Derecho Penal Tomás S. Vives Antón, de 56. Los dos nuevos jueces del alto tribunal y los dos propuestos en su día por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -Enrique Ruiz-Vadillo y Javier Delgado Barrio- tomarán posesión el próximo 8 de abril, así como el sustituto del dimitido Fernando García-Mon, si para entonces el Senado lo ha elegido. El PP se apresuró ayer a mostrar su disconformidad con la elección de Vives y Jiménez de Parga.

La renovación parcial del alto tribunal que se hace cada tres años afecta ahora sólo a los dos magistrados de designación gubernamental y a los dos de elección por el CGPJ, si bien a ellos se unió la sustitución del abogado García-Mon, quien tras haber permanecido nueve años-periodo normal de mandato- en el Constitucional, renuncia a continuar otros tres más, como sería posible en su caso por haber sido reelegido en 1989 e iniciado un nuevo mandato, tras sustituir casi tres años al fallecido Manuel García-Pelayo.El Senado celebrará pleno la próxima semana, pero ayer no había noticias de que existiera consenso suficiente entre el PSOE y el PP -imprescindible, dado el quórum requerido de tres quintos de la cámara- sobre las tres candidatas: las catedráticas María Emilia Casas, de Derecho del Trabajo; Elisa Pérez Vera, de Derecho Internacional, y Encarnación Roca Trías, de Derecho Civil.

El secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, arremetió ayer contra los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Ironizando, manifestó que la elección de ambos magistrados evidencia "la auténtica voluntad de impulso democrático que de Felipe González. Quiere que todo siga igual". Álvarez Cascos dijo que Jiménez de Parga ha mantenido una actitud de hostilidad permanente y pública hacia el Partido Popular" y que el nombramiento de Vives tiene un "marcado cariz ideológico". "Es como decir que se ha nombrado al señor Belloch miembro del TC", señaló.

"Escribir en el BOE"

Jiménez de Parga -granadino, padre de siete hijos, cinco de ellos juristas- expresó su satisfacción por "escribir en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se publican las sentencias del Constitucional, después de tantas páginas firmadas en la prensa", entre ellas un artículo cotidiano en Diario 16, con el seudónimo de Secondat.

"Llevo 40 años dedicados a ésto y es un buen final de carrera para un catedrático de Derecho Constitucional que obtuvo la cátedra en 1957, en Barcelona", dijo. Añadió que tal aportación se complementa con "los 40 años de ejercicio de la abogacía".

Junto a su experiencia profesional -es también presidente de la Asociación Nacional de Teoría del Estado y Derecho Constitucional-, Jiménez de Parga resalta su experiencia como diputado constituyente y ministro de Trabajo, en 1977, en el Gobierno de Adolfo Suárez y, más tarde, embajador de España ante la Organización Internacional de Trabajo.

Por su parte, el alicantino (de Elche) Vives Antón -a quien no fue posible preguntar ayer sobre su nombramiento- es, además de catedrático de Derecho Penal, fiscal en excedencia. Ha sido vicerrector de la Universidad de Valencia y asesoró en los primeros años, como letrado, al Constitucional, al que ahora regresa como magistrado. Vives tiene una extensa obra jurídica, especialmente dedicada al proceso penal y a la libertad de expresión. Fue decisiva su participación en el informe del CGPJ sobre el futuro Código Penal, asumido por el ministro Belloch, en el proyecto definitivo.

En caso de que el pleno del Senado de la semana próxima no sustituya al dimitido García-Mon, corresponderá a éste dirigir la elección de presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional, por ser el magistrado de mayor edad. En ese caso, dado que su decisión de abandonar el alto tribunal es firme -aunque tenga que permanecer en él algunos meses más-, EL PAÍS anticipó, según una información obtenida en fuentes jurídicas, que se abstendría.

Preguntado ayer por este periódico, García-Mon ironizó con lo que denominó "la filtración de mi pensamiento", pero reconoció que tal actitud, que aún no tiene decidida, "no es descabellada", teniendo en cuenta que no desea continuar en el alto tribunal los tres años que todavía podría permanecer en él. Fuentes del alto tribunal aseguraron que, en caso de optar a la presidencia, su candidatura obtendría un alto consenso.

La renovación Parcial del Constitucional abre la sucesión de Ruiz-Vadillo en la presidencia de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo. El candidato con mayor consenso es José Jiménez Villarejo, actual presidente de la Sala Quinta de lo Militar, cargo para el que sería elegido José Augusto de Vega, inicial candidato del sector del CGPJ propuesto por el PSOE para presidir la Sala Segunda.