Otro tono para la misma partitura económica

La declaración de intenciones de José María Aznar, publicada en forma de entrevista en El Mundo sobre nueve páginas entre el domingo y el lunes, no contiene novedades en el apartado económico sobre el programa electoral del PP para las elecciones generales de junio de 1993. Las diferencias son de matiz. Lo nuevo es un cierto cambio de tono. Presionado por la demanda de la opinión pública, Aznar parece haber vencido una resistencia de años a establecer cualquier tipo de compromiso económico y ahora «detalla algo más, por ejemplo a la hora de hablar de reducción de impuestos o del déficit público.La resistencia de Aznar a hacer explícitas personalmente sus intenciones tenía una doble explicación. "Yo nunca prometeré 800.000 puestos de trabajo", decía, en una cruel ironía destinada a recordar el fiasco de aquella promesa electoral de Felipe González en 1982. Aznar siempre ha puesto aquella promesa del entonces candidato socialista y hoy jefe del Gobierno como un ejemplo de irresponsabilidad.

La segunda razón era el desconocimiento de la verdadera realidad económica. "Es que no sabemos cual es el déficit real". La denuncia por el Tribunal de Cuentas de partidas multimillonarias de déficits ocultos o incorrectamente contabilizados llevó a Aznar a declarar, en la precampaña de 1993, que no haría promesa económica alguna hasta no culminar "el inventario de lo que nos dejan

[los socialistas], si es que nos dejan algo".

Ahora establece personalmente una serie de compromisos e intenciones. De la propuesta de congelar la presión fiscal y rebajar el impuesto de la renta (IRPF) "al final de la legislatura" se pasa al propósito más concreto de modificar la tarifa y dividirla en sólo tres tramos. Así, todos los contribuyentes pagarán algo menos, según Aznar.

El tipo máximo del IRPF, ahora del 56%, se reduciría al 40%. En paralelo, se elevaría progresivamente el Impuesto de Sociedades del 35% actual al 40%. El objetivo es simplificar el sistema impositivo, según Aznar, que se muestra abierto a una regularización de cuentas pendientes en tipos de fraude como primas únicas, facturas falsas del IVA o cesiones de crédito.

Con estas medidas, asegura, "vamos a pagar todos y a pagar todos menos". En cambio, no dice una palabra del IVA, que en 1993 proponía reducir del 3% al 1% en el tramo más bajo, el que grava artículos de primera necesidad (en la actualidad en el 4%).

La reforma fiscal no es posible sin una reducción del gasto público. Aznar toma en sus labios la propuesta de reducción de altos cargos presentada reiteradamente por su partido.

Menos déficit

Según sus cálculos, se pueden suprimir 5.000 altos cargos y reducir el gasto corriente, eliminando cargas superfluas, en medio billón anual. El objetivo sería limitar el déficit público al 3% del PIB (Producto Interior Bruto) para 1999 (desde el 5,9% de previsión del Gobierno para el presente año).

Aznar retorna una idea también conocida: una oficina presupuestaria dependiente de la presidencia del Gobierno controlará la elaboración de las cuentas públicas y supervisará su aplicación, mientras se restablecen la credibilidad presupuestaria (la coincidencia entre lo que se aprueba en los Presupuestos y lo que realmente se ejecuta) y el control parlamentario, principios ambos que los populares acusan a los socialistas de haber arruinado.

Otro apartado relevante subraya la única novedad del discurso de Aznar en las últimas semanas, la necesidad- de un periodo de austeridad especial, superior a una legislatura. Como ya anticipó ante más de 2.000 jubilados en Zaragoza, la austeridad es necesaria para garantizar la revalorización de las pensiones al ritmo del IPC, así como la asistencia sanitaria y la educación.

En estas dos materias, mantiene su criterio de que el Estado garantiza el derecho de todos los ciudadanos a la asistencia y la educación, pero la gestión de estos servicios puede ser privada para incrementar la competitividad y la eficacia.

El énfasis en la creación de empleo, dominante hasta lo casi obsesivo en 1993 -cuando la destrucción de puestos de trabajo llegó a alcanzar el ritmo de más de 2.000 al día- ha desaparecido del discurso económico del líder de los populares.

Como entonces, Aznar se opone ahora al despido libre y razona que el empleo creció en España entre 1986 y 1990, cuando la legislación laboral era más rígida. Luego la clave, argumenta, no está en la legislación laboral sino en el ritmo de crecimiento económico, en aquel lustro en tasas superiores al 4% anual.

Para crear empleo la: economía debe crecer muy por encima del 2% actual, según Aznar, que defiende una reducción de los contratos temporales. La vía para incrementar los contratos fijos es aumentar la movilidad externa y funcional, afirma,. y flexibilizar la estructura empresarial.

Otro puntal de la propuesta económica es la privatización de empresas públicas, desde uno de los dos canales de TVE o las cadenas autonómicas de comunidades sin lengua diferente al castellano hasta el grupo Argentaria. Sigue excluida la minera Hunosa, como en 1993, por razones de estrategia energética. Aznar calcula que el Estado conseguirá "entre dos y tres billones de pesetas".

También aquí existe una diferencia de matiz argumental. Mientras en 1993 se vinculaban los ingresos por privatizaciones a la amortización de deuda pública y a la reducción de la carga de los intereses en los Presupuestos, Aznar asegura ahora que el problema "no es privatizar para sacar unos duros y reducir el déficit", sino conseguir "un sector público reducido y eficaz".