Generalizado rechazo jurídico al borrador de ley para ampliar el fuero del Gobierno

La ampliación del fuero procesal del Gobierno a los secretarios de Estado y la prolongación de su aplicación después de abandonar el cargo, proyectadas por el Ministerio para las Administraciones Públicas, obtuvo ayer un rechazo generalizado del mundo jurídico. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitirá su informe, no vinculante, pero probablemente adverso, antes de 15 días, dado el "carácter urgente" con que se le ha pedido.

El magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín considera que el borrador de anteproyecto de ley "afecta al derecho fundamental al juez predeterminado por la ley, por lo que, en mi opinión", dice, "requiere su tratamiento como ley orgánica [que exige mayoría absoluta en el Congreso]". Entre las sorpresas que el texto suscita en este jurista destaca su contraste con "la jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de entender que los fueros, como privilegios, en principio son extraños en una democracia". Estimó que la llamada retroactividad se produciría "mediante el cambio de órgano judicial para los. nuevos aforados".Sobre "la perpetuación en el tiempo de este privilegio, incluso después de cesar en el cargo, el precedente proviene del franquismo", dijo, "para los llamados procuradores de las Cortes orgánicas y consejeros nacionales del Movimiento".

El Supremo, de guardia

Desde el punto de vista práctico, Martín Pallín plantea el riesgo de que "el Tribunal Supremo, previsto para unificar la doctrina jurídica y resolver los recursos de casación, se convierta en un juzgado de guardia y los magistrados en jueces de instrucción". Añadió que, "incluso con la situación actual, es urgente modificar la ley para que el Supremo pueda delegar en jueces de instrucción la tramitación, bajo su vigilancia, de las causas contra aforados".

Las principales asociaciones judiciales coinciden en el rechazo del borrador, al que otorgan calificativos que van desde "escandaloso" a "gravísirno". Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, manifestó que la ampliación del fuero procesal del Gobierno sería un "escándalo", ya que crearía "una coraza jurídica para dificultar la investigación de determinados hechos".

Por la progresista Jueces para la Democracia, su portavoz, José Antonio Alonso, recordó que, "desde siempre, en la democracia se ha propugnado una aplicación restrictiva de los fueros, porque en esencia son contrarios al principio constitucional de igualdad de los españoles ante la ley". Alonso considera "gravísimo y difícilmente asumible por el sistema legal democrático y casi con toda seguridad inconstitucional, que se pretenda legislar con carácter retroactivo en una materia tan delicada como ésta".

José María Vázquez Honrubia, por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, minoritaria y moderada, cree "escandalosa y descarada" la ampliación del fuero procesal a secretarios de Estado y ex miembros del Gobierno y un hecho "revelador", dijo, "de que tienen mucho miedo".

Tras estas primeras opiniones, el primer revés jurídico provendrá probablemente del CGPJ, requerido por el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, para que informe el borrador en el urgente plazo de 15 días, lo que se concilia con dificultad con lo manifestado desde fuentes gubernamentales oficiales sobre la "no prioridad" de esta ley.

El vocal del CGPJ Juan Antonio Xiol anticipó ayer que el pleno del próximo 5 de abril podrá deliberar sobre el informe que elaborará la Comisión de Estudios e Informes, que preside. En principio, fuentes, del CGPJ señalaron que el borrador podría haber sido devuelto a Saavedra para su presentación en debida forma, pero después ha prosperado el criterio de informarlo en el plazo indicado.

Javier Gómez de Liaño, vocal adjunto a la presidencia del CGPJ declaró a Servimedia que confía en que el texto sea retirado antes de que el pleno del Consejo tenga que pronunciarse sobre un borrador "insensato e inoportuno". Añadió que pretender ampliar los casos de aforados "es contrario a la lógica, dado que en la actualidad en los tribunales Supremo y Constitucional imperan criterios restrictivos sobre la aplicación del fuero

"Ley de anmistía"

Para el vicepresidente del CGPJ, José Luis Manzanares, la propuesta de ampliación del fuero "tiene algo de ley de amnistía". Según declaró a la COPE les absolutamente insólito" que "cuando tenemos la investigación que tenemos y cuando se encuentran en prisión y pueden entrar en prisión las personas que todos sabemos", aseguró, "ahora se venga deprisa y corriendo con una ley que trata, en definitiva, de sacar a estas personas del juez predeterminado hoy por la ley y modificar su situación".

Otro consejero del poder judicial, Andrés de la Oliva, expresó sus dudas sobre la constitucionalidad del borrador de ley. Explicó que si la ley proyectada fuera aprobada, se crearía "un régimen orgánico procesal especial, consistente en que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, un órgano colegiado, sería la que decidiría si se abre el proceso penal y se inculpa o procesa al aforado y si se decreta su prisión provisional", todo lo cual podría "contaminar a dicho órgano judicial para juzgar el caso".