Un juez ve indicios de irregularidades la Caja Rural Sevilla

El juez de Instrucción número 7 de Sevilla, Fernando Martínez, que investiga la presunta comisión de varios delitos económicos en la Caja Rural de Sevilla, remitió un oficio al Banco de España informando de las irregularidades detectadas. Hasta ahora no, se conoce si el banco central ha realizado una inspección, según señalaron ayer fuentes del caso.Estos medios indicaron que la información dirigida a la sede central del Banco de España fue remitida posteriormente a la dirección de la entidad en Sevilla, y que sólo tienen constancia de la investigación anual que el banco emisor realiza en todas las entidades financieras. Las mismas fuentes señalaron la posibilidad de que, una vez se levante el secreto judicial que pesa sobre las actuaciones, se persone en la causa un acusador particular ejerciendo la acción popular.

Por otra parte, el subdirector del área jurídica de la Caja Rural, Fernando Acedo Trujillo, señaló ayer que la entidad mantiene su "total confianza" en el interventor general José Fernando Campos Aparicio, a quien se imputa un presunto delito de defraudación a, la Hacienda Pública, así como en el resto de directivos de la Caja Rural que han sido llamados por el juez para prestar declaración como testigos. "No existe ni el más mínimo indicio de responsabilidad de ningún tipo en los directivos de la caja", indicó Acedo Trujillo, que se encuentra personado en las diligencias como abogado de los directivos.

El letrado agregó que la única irregularidad es la del empleado del departamento de Obras y Contrataciones, que fue despedido un mes después de conocida la denuncia. "Todo lo demás son elucubraciones que no se atienen a la realidad", aseguró Acedo Trujillo.

Por otro lado, un portavoz de la Caja Rural indicó que la auditoría realizada por Arthur Andersen, que está incluida entre la documentación de la instrucción, evalúa la apropiación del empleado José Asenjo Sedano en 239 millones de pesetas, cifra muy superior a la por él confesada en su autoinculpación, que ascendía a unos 70 u 80 millones.