España impone el visado a Canadá y amenaza con romper relaciones diplomáticas

IGNACIO CEMBRERO. España se dispone a dar un paso más en sus represalias contra Canadá por el apresamiento del Estai, restablecer el visado, y no descarta dar otro mucho más radical: La ruptura de relaciones diplomáticas con Ottawa.

El embajador de Canadá en Madrid, David Wright, ha pasado estos últimos días casi más tiempo en despachos de la Administración española que en su propia casa. En las próximas horas volverá a ser convocado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, esta vez por el subsecretario Jesús Ezquerra.

Las noticias que le darán no serán gratas. Ezquerra le entregará lo que en el lenguaje diplomático se llama una "nota verbal", es decir una comunicación en la que se le confirmarán y ampliarán las medidas de represalia que el titular de Exteriores Javier Solana, ya le anunció el domingo. La más importante es la suspensión del convenio de 1959 sobre supresión de visados. En claro, los turistas canadienses necesitarán pasarse por los consulados españoles en Ottawa, Toronto o Montreal para obtener ese documento antes de viajar a España.

Reacción canadiense

La represalia entrará en vigor en tinos días y afectará, si se mantienen los flujos turísticos, a al menos 130.000 canadienses, ateniéndose a los que visitaron España en 1993. La estadística de 1994 no está aún disponible, pero desde principios de esta década se observa un descenso del turismo canadiense que viene a España. En sentido contrario, 31.000 españoles viajaron en 1993 a Canadá y en los once primeros meses del año pasado, la cifra de visitantes se elevó a 33.300.

En la Embajada de Canadá, que goza ahora de protección policial las 24 horas del día al igual que la residencia del embajador, ningún funcionario quiso comentar las sanciones españolas, pero parece probable que Ottawa reaccionará imponiendo, a su vez, el trámite del visado a los españoles.

La "nota verbal" incluirá además la suspensión de otro convenio, sobre asistencia jurídica mutua y, acaso, de parte de la cooperación cultural. Cancelará además las visitas de alto nivel, empezando por la que el subsecretario del Ministerio de Industria canadiense tenía previsto efectuar a España la semana próxima. Es posible que la puesta en práctica de algunas de las sanciones que figuran en la "nota verbal" requieran la aprobación del Consejo de Ministros. Para explicarlas, el titular de Agricultura, Luis Atienza, comparecerá el miércoles ante la Comisión de Pesca del Congreso.

Si Canadá no da marcha atrás, en las próximas horas zarpará de Cádiz, rumbo al caladero de Terranova, una fragata del tipo de la Santa María que se añadirá a la patrullera Vigía. Solana lo confirmó al declarar que iría "un buque mayor". "El barco no va a pegar tiros", comentó uno de sus colaboradores, "sino a ofrecer seguridad a los pescadores españoles interponiéndose y permitiéndoles maniobrar cuando intenten apresarlos".

Si Ottawa persiste en su actitud, prosiguió el ministro, el Gobierno estudiará tomar "todas las medidas desde la perspectiva diplomática". "El abanico va", según el mismo colaborador, "desde la llamada a consultas del embajador de España en Canadá, Jesús Pardos, hasta la ruptura de relaciones diplomáticas".

Las represalias comerciales incumben a la Unión Europea (UE). Solana aprovechará la visita que inició ayer al Parlamento Europeo en Estrasburgo -el pleno debatirá el miércoles al apresamiento-, para entrevistarse hoy con el comisario encargado del comercio exterior de los Quince, el británico Leon Brittan, y con la comisaria de Pesca, la italiana Emma Bonino.

La dureza de la reacción española se explica, en parte, por el convencimiento de que la legalidad internacional está del lado de España que cuenta además con el apoyo de la UE.