La denuncia presentada ante el juez Garzón, remitida a Supremo

El juez Baltasar Garzón remitió ayer a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la denuncia del ex director de la Guardia Civil Luis, Roldán en la que éste, acusado judicialmente de haberse apropiado ilegalmente de unos 4.000 millones de pesetas, atribuyó un presunto uso ilícito de fondos públicos al vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra; al ministro de Defensa, Julián García Vargas, y a los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera. La competencia del Supremo derivaría, en principio, del fuero de los dos ministros y del diputado Barrionuevo, y arrastraría a otros altos cargos del ministerio del Interior.Según fuentes de la Audiencia Nacional, en su comparecencia voluntaria ante el juez Garzón, Roldán arremetió contra buena parte de sus ex compañeros del Ministerio del Interior, a los que acusó de haberse apropiado, como él, de fondos reservados. Entre los denunciados por Roldán figuran los ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera; los ex directores generales de la Policía José María Rodríguez Colorado y Carlos Conde Duque; el ex comisario general de Información Jesús Martínez Torres; el general de la Guardia Civil Sáez de Sampedro; el comisario general de Policía Judicial Enrique de Federico; el jefe de la Brigada Operativa del Servicio de Estupefacientes Víctor Cuñado y el ex subdirector operativo de la Policía Agustín Linares.

Roldán imputó -a Serra y García Vargas una mala utilización del dinero público por haber encargado y pagado el informe Crillon sobre las actividades financieras del entonces presidente de Banesto, Mario Conde, hoy inculpado en los casos Banesto y Argentia Trust. Conde, según Luis Roldán, fue investigado con fondos reservados del Cesid por irregularidades en la administración del banco y también por actividades políticas que Roldán no concretó.

La denuncia fue remitida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo a instancias del fiscal Pedro Rubira, que se opuso a que el caso fuera remitido a los juzgados de la Plaza de Castilla en los que ya hay un juzgado, el número 43 de instrucción, encargado de investigar los fondos reservados. La diferencia radica, según fuentes de la Audiencia Nacional, en que, al contrario que, la denuncia genérica del diputado del PP Federico Trillo por el mal uso de fondos reservados, la denuncia de Roldán va dirigida contra personas determinadas.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia e Interior envió ayer a la juez de instrucción número 16 de Madrid, Ana Ferrer, un informe puramente jurídico sobre las circunstancias de la detención de Roldán y sobre los documentos falsos de Laos, informa Jesús Duva. Este escrito es contestación al requerimiento de la magistrada al ministro Juan Alberto Belloch pidiéndole diversas explicaciones sobre la operación.

Belloch ha respondido a Ferrer que antes de la operación policial no se requirió la opinión del Consejo, de Estado por estimar que tal cosa no era procedente. La magistrada también preguntaba si el Gobierno español ha validado los documentos presuntamente suscritos por las autoridades de Laos, a lo que Justicia e Interior ha contestado enviando al juzgado el escrito de éstas afirmando que tales papeles son falsos.