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EL 'CASO GAL'

Del cambio a la guerra sucia

El PSOE renunció en 1982 a renovar los aparatos de seguridad del Estado por temor al desorden público

Durante las vacaciones de verano de 1982, Antonio Plaza, hoy jefe superior de Murcia y entonces militante de la Unión Sindical del Policía (USP), extravió una valiosa cartera. En su interior había fichas personales sobre decenas de inspectores y comisarios elaboradas por policías del PSOE: la victoria electoral era inminente y se trataba de saber en quién se podía confiar y en quién no para hacer el cambio en las Fuerzas de Seguridad.La realidad tuvo luego poco que ver con aquellas fichas. A su llegada al Gobierno, los socialistas prefirieron, en aras a la eficacia, mantener intactos los aparatos del Estado que arriesgarse a una renovación a fondo. Durante su primer año en el poder, el Ministerio del Interior vivió en una permanente crisis que saldó con el triunfo de quienes apostaban por la continuidad. Ésta no fue suficiente, sin embargo, para hacer frente a un terrorismo que recibió el triunfo del PSOE con una brutal escalada. Los etarras utilizaban la frontera francesa como "burladero", en expresión de García Damborenea, donde ponerse a resguardo de la reacción a sus atentados. La impotencia desembocaría, en octubre de 1983, en el renacimiento de la guerra sucia, abandonada en 1980.

Mientras estuvo en la oposición, el PSOE contó con una veintena de funcionarios del Cuerpo Superior de Policía, afiliados directamente a la Ejecutiva, entre los que figuraba la plana mayor de la USP: Modesto García, Mariano Baniandrés, Atilano Sánchez y Félix Alonso, entre otros. Para Alfonso Guerra y Carlos Sanjuán, responsable de Interior en el partido, la información facilitada por este grupo era la única forma de asomarse a los desagües del Estado.

Nunca pensaron seriamente, como creían los afectados, en que encabezaran, desde puestos de responsabilidad, la reforma de la Policía. "Eran demasiado jóvenes y demasiado pocos", afirma un responsable del PSOE en aquella época. La USP apenas representaba al 5% de los funcionarios del cuerpo superior, mientras que la aplastante mayoría respaldaba al SPP (Sindicato Profesional de la. Policía), heredero de los promotores del Dolorosamente hartos, el polémico manifiesto policial de agosto de 1978, que criticaba las "indiscriminadas medidas de gracia".

En un intento por ampliar la base de apoyo al PSOE en la Policía, Sanjuán propició una federación entre la USP y el SPP, que quedó prácticamente ultimada en septiembre en Barcelona. El acuerdo, negociado entre Atilano Sánchez y Pablo Sánchez, presidente del SPP, pasaba por el ostracismo de los líderes más controvertidos de ambos sindcatos: Modesto García y José Villarejo. El primero, excluido de la negociación, no aceptó su resultado; lo que, además de frustrarla, abrió una profunda fisura en la USP, que acabaría rompiéndose en el congreso extraordinario de enero de 1983. Minoritarios, divididos e infiltrados por la jerarquía policial, como sospechaban muchos, un incidente vino a distanciar a este grupo de Felipe González en un momento decisivo.

El 19 de octubre de 1982, mientras González interviene en el histórico mitin de Anoeta (San Sebastián), llega a la USP, procedente de París, el rumor de un inminente golpe de Estado en España. Los vínculos familiares de la persona que recibe la información hacen que ésta se extienda y llegue a la caravana del candidato por dos vías distintas, lo que le da credibilidad.. José Luis López Esteban, entonces responsable de seguridad del PSOE y, miembro de la USP, intenta que González cambie su programa y se esconda a la espera de acontecimientos. Francisco Arias, policía destinado por la brigada de Información a la escolta del líder socialista, se enfrenta con él.

El virtual jefe del Gobierno, consciente del escándalo que produciría su desaparición en plena campaña, rehúsa los consejos de Esteban. Cuando se instale en La Moncloa, el responsable de seguridad del PSOE no le acompañará y ningún miembro de la USP estará Cerca de él.

Nadie sabe con certeza cómo llegó a conocer el SPP las fichas perdidas por Antonio Plaza, pero su existencia le sirvió como prueba de que los socialistas preparan una "depuración". La comida que la dirección del SPP celebra en septiembre con Carlos Sanjuán, a quien se considera ministro del Interior en la sombra del PSOE, y con Rafael Ballesteros, diputado socialista por Málaga e íntimo colaborador del anterior, acaba abruptamente cuando los policías se levantan de la mesa. "Venían con el hacha", afirma uno de estos para justificar el encontronazo.

El enfrentamiento con Sanjuán da pie al SPP para pedir una entrevista con Felipe González, que se celebra en los primeros días de noviembre, antes de la formación del Gobierno, en la sede socialista de Santa Engracia. A la cita asisten, por el SPP, su líder, José Villarejo, y Antonio Yébenes, responsable de asuntos legales.

Según algunas versiones, los policías vetan el nombramiento de Sanjuán como ministro y amenazan con poner el país patas arriba. Un sindicalista asistente afirma, por el contrario, que lo único que se planteó al presidente in péctore fue "el temor a que se utilizaran criterios políticos para nombrar a los mandos policiales".

Más decisiva, sin embargo, es la intervención del último ministro de Interior de la UCD, Juan José Rosón, con quien Felipe González almuerza en septiembre en el restaurante El Parrillón de Madrid y con quien se reunirá en dos ocasiones más, el 8 y 12 de noviembre. Rosón le advierte del riesgo de acometer cambios bruscos en Interior, un planteamiento ante el cual Felipe González se muestra receptivo. En su ánimo pesa el antecedente de la llª República, de cuya incapacidad para controlar el orden público, evidenciada en la quema de iglesias, se valieron sus adversarios.

El ministro de Interior en funciones le recomienda como sucesor a un socialista de segunda fila, José Barrionuevo, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, al que Rosón conoce desde hace años y con quien ha trabajado cuando ocupaba el Gobierno Civil de la capital. El 18 de noviembre, durante el homenaje que el consistorio madrileño ofrece a Rosón, éste elogia públicamente a Barrionuevo, cuyo inminente nombramiento es ya un secreto a voces. Hasta tal punto apuestan los socialistas por la continuidad, que Barrionuevo piensa en mantener como director de la Seguridad del Estado a Francisco Laína, y ofrecer a su amigo Rafael Vera, responsable de la Policía Municipal madrileña, el Gobierno Civil de Madrid.

El cambio de opinión de Felipe González desplaza a Sanjuán a la Subsecretaría de Interior, lo que le convierte en teoría en el número dos del Ministerio. Desde el primer momento, la posición de Sanjuán en Interior es difícil. Su amistad con Alfonso Guerra, flamante vicepresidente, y su relación con los policías de la USP le convierten, a ojos del ministro, en un elemento desestabilizador en un departamento que pretende férreamente jerárquico. Pese a la desconfianza, Barrionuevo y Vera, recién llegados de la política municipal, no pueden sino apoyarse, siquiera en parte, en Sanjuán y sus sindicalistas para formar su primer equipo.

Es la USP la que propone a Rafael del Río, jefe superior de Barcelona, como director general de la Policía. Su juventud, 41 años, su carácter apolítico y profesional y el hecho de que haya desarrollado su carrera en la Policía Judicial juegan a su favor.El 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada, Vera se reúne, todavía en su despacho municipal, con Sanjuán, Francisco Mata y Modesto García y Mariano Baniandrés, por la USP, entre otros. Allí se decide el nombramiento de algunos policías afines al TSOE: el propio Mata será jefe de Personal de la Policía, mientras que Jesús Merino de la Hoz, el único comisario de la USP, se hace cargo de Seguridad Ciudadana, y Lorenzo Pérez Corredera, de la Brigada Exterior.

A Modesto García se le ofrecen las relaciones con los sindicatos, que rechaza por considerarlas un regalo envenenado; mientras Baniandrés se convierte en jefe de la Brigada de Interior o Antigolpe. Por poco tiempo. Nada más desembarcar en la brigada, levanta acta de la desaparición de 5.000 expedientes -la inmensa mayoría nunca apareció-, lo que pone en la picota a Sebastián Fernández Dopico, hermano del ex director de la Policía. No es ésa la filosofía de los nuevos responsables de Interior, que pretenden "pisar los menos callos posibles".

Destitución de Baniandrés

En junio de 1983, Barrionuevo destituye a Baniandrés, después de que éste entregara a Javier del Moral, director general de Patrimonio, documentos que prueban la venta ilegal de empresas de Rumasa tras su expropiación. Del Moral envía los documentos a Guerra, quien los muestra a Barrionuevo que, ignorante del asunto, se siente puenteado. En el entorno del ministro se acusa a Baniandrés de haber caído en manos de su número dos, Juan José Medina, que en septiembre será detenido por supuesta sustracción de documentos de la brigada, en una oscura operación de la que saldrá absuelto en abril de 1989.

Con el cese de Baniandrés se agudiza el aislamiento de Sanjuán, cuyas discrepancias con el resto del equipo se evidencian en la huelga policial de mayo. En junio presenta su dimisión, pero no se le acepta hasta febrero del 84, cuando deja el ministerio con la excusa de la ley de incompatibilidades.

Con él se van Enrique Linde, director de Política Interior, y Juan Javier Valero, subdirector de Personal. Jesús Merino, que en julio había pasado a la Secretaría General de la Policía, y Pérez Corredera, que le había sustituido como comisario de Seguridad Ciudadana, también son relevados. A poco más de un año de las elecciones, todos los policías del PSOE han sido barridos de puestos de responsabilidad.

En la reunión celebrada en el despacho de Vera se decide que J. Martínez, el del Norte, sea el comisario general de Información. Manuel Ballesteros, anterior responsable de la lucha antiterrorista, no puede continuar tras haberse enfrentado públicamente al PSOE, mientras que su mano derecha, Joaquín Domingo Martorell, se marcha con él y acaba como jefe de seguridad de Julio Iglesias.

Los miembros de la USP entienden que J. Martínez es Julio Martínez, comisario de Zumárraga (Vizcaya), pero el nombramiento recaerá en Jesús Martínez Torres, jefe de información de Zaragoza, responsable bajo el franquismo de perseguir a los comunistas aragoneses, que será acusado de torturas por varios antiguos detenidos.

Nunca se sabrá si la designación de Martínez Torres fue fruto de la confusión. Parece poco probable, ya que Del Río colaboró con él en el País Vasco a principios de los ochenta. No es Martínez Torres el único policía procedente de la brigada político-social franquista que asciende con el PSOE.

José María Escudero, que trabajó a las órdenes del comisario Conesa, es el nuevo jefe de la Brigada Central de Información, por decisión de Del Río, de quien fue responsable de Información en Barcelona. Antonio Garrido, jefe superior de Madrid, asistió al congreso socialista de Suresnes, pero no como delegado, sino como infiltrado de la policía política.

También corresponde a Del Río la designación de Francisco Álvarez, hoy encarcelado por el caso GAL, como jefe superior de Bilbao y responsable del Mando Único, para la Lucha Contraterrorista (MULA). Álvarez era jefe del grupo antiatracos de Barcelona, donde ganó prestigio con su sorprendente eficacia, aunque ahora se le reprochen sus "métodos demasiado expeditivos". Entonces, "nadie preguntaba cómo se obtenían los resultados", dice un ex compañero.

Tras el asalto al Banco Central de Barcelona, en mayo de 1981, un político moderado como Herrero de Miñón, entonces en la UCD, llegó a declarar: "Lo único que lamento es que no hayan muerto todos los asaltantes". Jesús Gutiérrez Argüelles, hombre de confianza de Alvarez, que le encomendó el secuestro frustrado de Larretxea, acabaría condenado a dos años de cárcel por la muerte de un atracador.

En Bilbao, Álvarez, de 38 anos, que fue guardia civil antes que policía, entabló amistad con el nuevo gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, a quien su estrecha relación con el líder de los socialistas vizcaínos, Ricardo García Damborenea, aupó al mando de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia con sólo 30 años, tras pasar por la alcaldía de Ermua.

A las órdenes de Álvarez estaba el jefe de la brigada regional de Información, Miguel Planchuelo, también en la cárcel por el caso GAL, cuyo hombre de confianza era José Amedo. En ese momento, el homólogo de Planchuelo en la Guardia Civil es el capitán Rafael Masa, acusado repetidamente de implicación en la guerra sucia, como jefe del servicio de Información de la comandancia de La Salve.

Cuando Vera llega a la Dirección de la Seguridad del Estado comprueba que, aunque debe dirigir la lucha antiterrorista, apenas tiene competencia sobre la Guardia Civil, cuyo director, Aramburu Topete, sólo despachaba con su antecesor, Francisco Laína, para que le firmase contratos de obras. Vera intenta hacer efectivo su poder mediante dos instrumentos: el control de los fondos reservados y la creación de un gabinete con cuatro divisiones, dirigidas por dos policías y dos guardias civiles.

La Guardia Civil

El jefe de la división de Información y Operaciones Especiales es el comandante Guillermo Ostos, hasta entonces ayudante de Aramburu. Ostos debe coordinar se con Martínez Torres y con el entonces coronel Andrés Cassinello, responsable del Servicio de Información de la Guardia Civil, que en 1985 calificó de "campana imaginativa y con éxito" la actuación de los GAL.

En octubre de 1983, un antiguo conocido de Cassinello, el teniente general José Antonio Sáenz de Santamaría, inspector de la Policía Nacional hasta abril de 1982 y delegado especial del Gobierno para el País Vasco en 1980, se hace cargo de la dirección de la Guardia Civil. Para acabar con ETA, dirá en 1984, las Fuerzas de Seguridad deben emplear "todas las medidas que estén a su alcance y algunas que incluso no lo estén".

Son Álvarez y Sancristóbal quienes, con permiso de Vera y Barrionuevo, organizan el secuestro frustrado de Larretxea, la única operación de guerra sucia asumida por el Interior. Es octubre de 1983. Durante el año que llevan los socialistas en el poder, ETA ha cometido tres decenas de asesinatos; así como los secuestros de Saturnino Orbegozo, Miguel Ignacio Echevarría, Jesús Guibert, Diego Prado y Colón de Carvajal y el capitán Martín Barrios.

Frente a la escalada terrorista, los responsables de la seguridad se encuentran impotentes y sólo pueden esgrimir éxitos parciales, la mayoría atribuibles a la Guardia Civil, como el afortunado rescate de Orbegozo. En el País Vasco, los policías apenas pueden hacer algo más que defenderse a sí mismos; mientras a pocos kilómetros, en Francia, los etarras se organizan, adiestran, preparan atentados y cobran el impuesto revolucionario con total impunidad. "¡Hagan ustedes algo!", le gritan a Barrionuevo en Basauri (Vizcaya), durante el funeral, los familiares de dos policías y una maestra asesinados por ETA el 5 de mayo de 1983.

La 'desarticulación' de los GAL

"Las actividades violentas atribuidas a grupos armados anti-ETA se realizaron entre 1975 y 1986. Se iniciaron, pues, antes de nuestra llegada al Gobierno y fue, precisamente, con este gobierno con el que acabaron", afirmó el pasado miércoles Felipe González, durante el debate sobre el estado de la Nación. En febrero de 1986 se produjo el último atentado de los GAL, si se excluye el asesinato de García Goena, en julio de 1987, que se considera una acción aislada.¿Qué sucedió en 1986? La Policía detuvo en Barcelona a cuatro ultras acusados del asesinato en Hendaya de Caplanne. El jefe del comando, Ismael Miquel, confidente policial, huyó a Tailandia, donde cumple condena perpetua por narcotráfico. En Francia, la derecha ganó las elecciones en marzo y comenzó la entrega masiva de etarras.

En octubre de ese año se produjo un seismo en Interior. El día 24 fueron destituidos el director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, que había llegado al cargo en febrero de 1984, desplazando a Vera a la subsecretaría, y Rafael del Río, a quien sustituyó José María Rodríguez Colorado. Luis Roldán dejó la delegación del Gobierno, en Navarra para relevar al frente de la Guardia Civil al general Saenz de Santa María, que sucedió a Topete en octubre de 1983.

Con Sancristóbal se marchan Francisco Álvarez, quien en 1984 dejó la jefatura superior de Bilbao para convertirse en jefe de la división de Información y Operaciones Especiales, y el responsable de la brigada central de Información, José María Escudero. También se va el comandante Masa, que Álvarez se trajo de Bilbao a Madrid.

Una semana antes, fue destituido el general Andrés Cassinello, entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, a raiz de un polémico artículo en Abc. Cassinello colaboraba con Santa María desde 1980, cuando el segundo era delegado especial del Gobierno para el País Vasco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 13 de febrero de 1995

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