El Defensor del Pueblo impide que se expulse a una dominicana embarazada

La oficina del Defensor del Pueblo paralizó el jueves la expulsión de España de Anastasia Abad Escaño, una inmigrante dominicana embarazada de siete meses que convive con un español, padre del niño. La mujer, cuya orden de expulsión del país por "estancia ilegal" se remonta a 1993, fue detenida hace dos días. La policía decidió ejecutar la deportación, a pesar de las alegaciones del padre.

Sólo el Defensor del Pueblo logró evitarlo. Este organismo actuó en defensa de la madre, por el riesgo que suponen para ella la tensión y el viaje tan largo; y también por el nasciturus, que, como hijo de español, es un candidato a obtener esta nacionalidad y la expulsión le privaría de ese derecho y del de seguir junto a su padre. Ante la intervención del Defensor del Pueblo, la Delegación del Gobierno decidió, anular la orden de expulsión. Ahora, ella tendrá que iniciar los trámites para conseguir el permiso de residencia.Hacia las 20.00 horas del jueves, los abogados del Comité de Defensa de Refugiados, Asilados e Inmigrantes en España (Comrade), una entidad que trabaja en este campo desde hace años, llamaron desesperados a la oficina del Defensor.

Lucía Paredes, uno de estos letrados, explica: "En la Brigada de Documentación de Los Madrazo no hicieron ni caso a nuestras alegaciones acerca del embarazo de la mujer y de la condición de hijo de español del niño". "Recurrimos a la Audiencia Nacional y ahí aceptaron nuestros requerimientos de suspensión, pero faltaba el presidente y su firma era imprescindible", añade. Las horas se echaban encima porque la expulsión estaba prevista para ayer, viernes.

La oficina del Defensor habló con la Brigada, con los abogados y con el padre de la criatura y tomó una decisión clara: suspender la orden. A las 22.00 horas, Anastasia abandonaba Los Madrazo.

De buena fe

José María Fernández Mateo, responsable del área de Defensa e Interior de la Oficina del Defensor del Pueblo, explica que este tipo de casos, aunque no habituales, van aumentando. "Cada vez hay más inmigrantes, regularizados o no, que entablan relaciones afectivas con españoles, y muchos de ellos, aunque conviven, no se casan -hecho que les conferiría el estatuto de ciudadanos comunitarios- por distintos motivos", asegura."Normalmente, en los casos de claro embarazo, y más tan avanzado, sugerimos que se paralice la expulsión, aquí se da otra circunstancia de gran peso, ya que el nasciturus, al ser hijo de español puede alcanzar, cuando nazca esa nacionalidad, y si se le expulsa se le priva de ese derecho", añade. "Como es una pareja que convive de hecho, argumentamos que él es padre de la criatura basándonos en una presunción de buena fe de su palabra; son casos en que los minutos son preciosos y no siempre hay documentos", concluye. "Existen convenios internacionales de protección a la infancia y a la familia; además, esta mujer no tenía ningún antecedente penal, era un caso puro de extranjería", concluye. Paredes y sus compañeros de Comrade están alarmados ante la actitud de los funcionarios policiales que intervinieron en este caso. "La expulsión de esta mujer habría sido un hecho gravísimo, y sin precedentes, y lo habrían llevado a cabo de no mediar alguien por ella", asegura Paredes. "Como en otras ocasiones, hemos tenido problemas con el Grupo 2 de la Brigada de Documentación, ya que no- atendían a razones apostilla Paredes. "Ni siquiera nos dejaron llevarle las pastillas que debe tomar por su estado", concluye. Fernández Mateo intenta explicar la actitud policial. "Actúan según el principio de eficacia policial y deben ejecutar la orden dictada en su momento por la Delegación del Gobierno; hay que decir que en la delegación hicieron caso enseguida a nuestra recomendación", matiza.