Un tribunal acusa a la Policía francesa de frenar un caso de corrupción política

El Tribunal de Apelación de París ha criticado a la policía francesa y a su jefe máximo, el ministro del Interior, Charles Pasqua, acusándoles de haber provocado la comisión de un delito y de usar métodos ilegales con el objetivo, sugerido la semana pasada por el Consejo Superior de la Magistratura, de presionar a un juez para frenar la investigación sobre las finanzas gaullistas. Pasqua emitió un comunicado en el negaba que la Policía Judicial se hubiera prestado a "provocaciones o manipulaciones".El casó juzgado el miércoles por el Tribunal de Apelación es extremadamente turbio y puede causar complicaciones a Pasqua y a su partido, la Reagrupación para la República (RPR), el movimiento gaullista en, que milita también Edouard Balladur, primer ministro y candidato a la presidencia. El asunto comenzó el 21 de diciembre, cuando la policía detuvo en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle al psiquiatra Jean-Pierre Maréchal en el momento en que recibía un mi llón de francos en efectivo del político gaullista Didier Schuller, diputado regional muy próximo a Pasqua.

Maréchal es el suegro del juez Eric Halphen, encargado de investigar la financiación presuntamente ilegal del RPR. Según la versión oficial difundida ese día, Maréchal había exigido a Schuller un millón de francos a cambio de "interceder" ante su yerno para que frenara la investigación. La policía disponía de grabaciones telefónicas, facilitadas por el propio Schuller, que parecían probar la culpabilidad. del suegro corrupto.

La consecuencia inmediata del extraño negocio entre Maréchal y Schuller resultaba muy beneficiosa para Pasqua y el RPR: dada la vinculación de uno de sus familiares con el sumario, el juez Halphen debía ceder todo el caso a un colega y, por tanto, la investigación, quedaría frenada hasta que el nuevo encargado pudiera estudiar el voluminoso sumario. Todo parado, al menos hasta después de las elecciones presidenciales del 7 de mayo.La aparición del suegro con el millón de francos era tan providencial para el RPR, que resultaba sospechosa. El propio presidente de la República, François Mitterrand, tomó cartas en el asunto y convocó al Consejo Superior de la Magistratura. El alto organismo dictaminó que existía la "certeza" de "un intento" para someter a presión al juez Halphen". Tras la tentativa aparecía claramente Schuller, uno de los sospechosos de manejar facturas falsas para la financiación del gaullismo. Y tras Schuller se dibujaba la sombra de Charles Pasqua, ministro del Interior y presidente del Consejo Regional de Hauts-de-Seine (suburbios de París), epicentro de la investigación judicial.

El Tribunal de Apelación de París empezó el miércoles a examinar el caso Maréchal y, para empezar, declaró ilegales las grabaciones telefónicas: ningún juez las había autorizado y, por tanto, carecían de valor como prueba. El caso se desmoronó. Pero los magistrados fueron más lejos, y constataron que en las conversaciones telefónicas entre el político y el supuesto chantajista, era éste quien llevaba la voz cantante: fue el diputado regional Schuller quien habló de "un bizcocho de un millón de francos", quien dijo representar a "instancias muy altas" y quien animó al suegro del juez Halphen aparticipar en el delito.Provocación organizada

Para el Tribunal de Apelación, quedó claro que "los funcionarios de policía prestaron de manera activa su asistencia a una Provocación organizada por el demandante [Schuller]", frente a "un interlocutor [Maréchal] dubitativo y aparentemente preocupado por problemas de índole personal". Maréchal quedó libre sin cargos, por falta de pruebas, y el juez Halphen pudo volver a investigar sin trabas las finanzas gaullistas.

Charles Pasqua mostró su irritación con una nota en la que negaba toda actuación irregular por parte de la policía y de sí mismo.