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El veto de Leguina a los nuevos barrios le costaría al municipio 10.000 millones

La negativa del Gobierno regional que preside Joaquín Leguina a recalificar terreno rústico para levantar los seis nuevos barrios (con 70.000 viviendas, tantas como tiene Alicante) que prevé el Ayuntamiento de Madrid puede poner contra las. cuerdas las menguadas arcas municipales. El Gobierno municipal del PP ya se había comprometido con los dueños de los suelos afectados por el cierre norte de la M-40 a pagarles con el futuro suelo urbanizable. Según datos de la propia Gerencia Municipal de Urbanismo, el Ayuntamiento ha abonado 10»0 millones de pesetas (el suelo para la M-40 ha costado hasta ahora unos 46.000 millones) en especie: terrenos para 1.400 viviendas en los nuevos barrios (142.466 metros cuadrados de edificabilidad para pisos de unos 100 metros cuadrados).En los convenios firmados con algunos de los propietarios de los suelos expropiados para esa carretera se decía que el pago con terrenos en los ensanches de la ciudad quedaba pendiente de la aprobación por el Ejecutivo regional. Si la Comunidad no diese su visto bueno -es decir, la posición que ha venido manteniendo Leguina-, el Ayuntamiento debería pagar aquellas expropiaciones de la circunvalación M-40 con dinero en metálico o con otros suelos municipales. Con todo ello, el municipio perdería los ingresos que procediesen de la venta de suelo de los nuevos barrios y además tendría que utilizar para las expropiaciones unos suelos con los que ya contaba para obtener otros rendimientos.

"Los dueños del suelo, de la M-40 ya podían haber pedido esos pagos alternativos en julio, cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid desechó los planes del Ayuntamiento", señala un responsable de la Gerencia de Urbanismo. Pero están esperando a que finalmente se llegue a un acuerdo.

La. gestión que el equipo del Partido Popular prevé para esos seis barrios pasa por la expropiación a todos los dueños del suelo recalificado. Esa enajenación se paga con 0,125 metros de edificabilidad (en el mismo ámbito) por cada metro de terreno expropiado. Así, un propietario que ahora tenga 10.000 metros cuadrados de terreno rústico en uno de los ensanches que ha pintado el equipo de gobierno del Partido Popular obtendría 1.250 metros edificables (12 pisos de 100 metros). Con los terrenos sobrantes el Ayuntamiento consigue suelo para pagar sus deudas (los 10.000 millones pendientes de la M-40) y para construir viviendas de protección oficial (lo que también le supondría ingresos).

Las expropiaciones de la M-40 no han sido el único caso en el que Id Gerencia de Urbanismo ha echado mano de los eventuales nuevos barrios para pagar sus deudas. Un convenio suscrito con Gas Natural fijó el traslado de la fábrica de gas de Manoteras -en pleno barrio de la Virgen del Cortijo- para el 31 de diciembre de 1996. El Ayuntamiento acordó con esa empresa la expropiación de los terrenos de la fábrica, y los pagaba con 1.000 pisos (el 40% de ellos de precio tasado) en el nuevo barrio de Sanchinarro (al noreste de la ciudad).

El 'desalojo' de la fábrica de Gas Natural en Manoteras depende también de los nuevos barrios

En el texto del convenio se explicita que, si la Comunidad no aprueba los nuevos barrios antes del 31 de marzo de 1995, el convenio "quedará sin efecto entre las partes, teniéndose por no suscrito".También se estipula. que cualquier retraso en la aprobación de los barrios (con respecto a esa fecha) justificará una demora igual de Gas Natural en dejar la fábrica de Manoteras., A su vez, uno de los motivos para expropiar la fábrica además de su cercanía a viviendas y colegios- es la propia afectación de sus terrenos por el nuevo barrio de Sanchinarro.

Otro ejemplo de ese recurso del Ayuntamiento a los suelos que obtendrá en los ensanches para pagar deudas es el compromiso con Explotaciones San Fernando. Esta empresa sufre una deuda histórica del Ayuntamiento -de cuando se hizo la M-30, nada menos-que asciende a 5.700 millones de pesetas (incluidos los intereses devengados por los años de retraso).

200 pisos por otra deuda

Tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga al Ayuntamiento a abonar esa deuda, se firmó un convenio por el que se le reconoce a Explotaciones San Fernando el derecho a unos 200 pisos en los ensanches en pago de una parte de esos 5.700 millones.

El documento firmado en junio pasado le otorga terrenos por valor de 1.537 millones de pesetas (el precio del metro cuadrado edificable en los ensanches se calcula a unas 70.000 pesetas). Pero estipula que esos solares deben entregarse antes del 31 de diciembre de 1995. Si la Comunidad no aprueba los seis nuevos barrios,' ni tampoco el Plan General en esa fecha, el Ayuntamiento tendrá que pagar los intereses correspondientes.

El concejal de Urbanismo, José Ignacio Echeverría, sostiene que no le quita el sueño el visto bueno del Gobierno de la Comunidad a esta recalificación en masa.

"De todos modos, los nuevos barrios se incluyen, en el nuevo Plan General ' que lo aprobará Alberto Ruiz Gallardón cuando gane las elecciones y gobierne en la Comunidad", dice Echeverría.

¿Y si el PP no gana las elecciones autonómicas? "Pues los que ganen aprobarán el Plan General igualmente, porque para eso me he preocupado de que los técnicos que trabajan en su redacción sean profesionales independientes, algunos, incluso,' trabajaron en la redacción del plan anterior de 11985 [cuando gobernaba el PSOE en el Ayuntamiento]", añade Echeverría.

Razón de los jueces

"Habrá consenso de los políticos sobre el 80% de los contenidos del nuevo plan", vaticina. "Además, el rechazo de la Comunidad a los barrios está recurrido ante los tribunales, y es muy fácil que los jueces nos den la razón, porque he consultado con los mejores juristas expertos en urbanismo", agrega el edil de Urbanismo.

En cualquiera de los dos casos, el comienzo de la construcción de las viviendas se retrasaría significativamente. Si fuesen los tribunales quienes diesen vía libre a los nuevos barrios, la construcción podría demorarse dos o tres años, como mínimo.

El nuevo Plan General se aprobará inicialmente en el pleno de este mes y, tras cuatro meses de exposición al público, pasará a la Comunidad para su visto bueno definitivo.

Según la previsión del director de la Oficina del Plan, Luis Rodríguez Avial, las nuevas, reglas de juego del urbanismo madrileño no se ratificarán definitivamente hasta finales de año.

"La única prisa que tengo para que se aprueben los nuevos barrios es porque tengo el convencimiento personal de que es una operación buena para la ciudad" concluye Echeverría.

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