La juez decreta la insolvencia definitiva de IGS, gestora de la cooperativa PSV
El proceso de suspensión de pagos de IGS, la gestora de la cooperativa de viviendas RSV, ha dado un paso más en la dirección prevista. La juez que tramita la suspensión, Miriam Iglesias, dictaminó ayer la "insolvencia definitiva" de IGS. La decisión se basa en el balance que los interventores judiciales presentaron el pasado diciembre, según el cual el déficit patrimonial -diferencia entre el pasivo y el activo- de IGS ascendía a 14.176 millones de pesetas.
El hecho de que la insolvencia sea "definitiva" -en lugar de transitoria- implica en teoría que los acreedores de IGS podrían solicitar la quiebra de la gestora. Ello requeriría, sin embargo, el acuerdo de un 40% de los acreedores, lo que -según la actual dirección de la cooperativa- es virtualmente imposible, ya que los principales acreedores de IGS son la propia PSV y el sindicato UGT.
El auto judicial abre un plazo de 15 días para que IGS aporte los 14.176 millones y otro de tres meses para elaborar un convenio de acreedores, donde se acuerde la quita y el plazo de espera que acepta cada uno. Fuentes de IGS consideran probable que el convenio tenga carácter liquidatorio, es decir, que suponga la venta de todos los activos y la desaparición de la sociedad. Las mismas fuentes han insistido en que la decisión judicial no afectará al proceso de segregación de promociones y construcción de las viviendas.
El trámite paralelo de la suspensión de pagos de PSV va un paso más atrasado. Los interventores judiciales de PSV presentarán hoy al juez su dictamen sobre la situación de la cooperativa de viviendas. Fuentes de PSV y de la intervención han coincidido en estimar que el desfase patrimonial -la diferencia entre el activo y el pasivo de la sociedad- es muy pequeño.
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