IU quiere que se garantice la investigación judicial de fondos reservados

Izquierda Unida pretende que ninguna norma pueda "impedir ni perjudicar en ningún caso la investigación judicial de cuantas conductas puedan ser constitutivas de delito" en el manejo de fondos reservados. Esta pretensión no encontró ayer "receptividad" entre los miembros de la ponencia que dictaminó el proyecto de ley para regular la utilización y control de los gastos reservados. Sólo José Juan González de Txabarri, representante del PNV, apoyó abiertarnente la enmienda de IU, mientras el PP expresó algunas reservas.Diego López Garrido, diputado de IU y miembro de la ponencia que ayer dictaminó el proyecto de ley sobre fondos reservados, aseguró que no habían "encontrado receptividad en la ponencia hasta este momento" sobre esa enmienda de su grupo que pretende introducir un nuevo artículo en el proyecto de ley para evitar que el carácter secreto de los fondos reservados y las limitaciones a su publicidad puedan ser utilizados como barreras frente a las investigaciones judiciales.

En la misma enmienda, Izquierda Unida pretende que cualquier autoridad, funcionario, o agente que tenga conocimiento de posibles conductas delictivas relacionadas con los fondos reservados "deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial".

José María Mohedano, en nombre del Grupo Socialista, aseguró que tal y como demuestra la realidad, no existe en este momento ninguna limitación legal para que los jueces puedan investigar delitos cometidos en el uso de fondos reservados, y precisó, refiriéndose, aunque sin citarlo, a las investigaciones sobre el caso GAL, que "ni el fiscal general del Estado, ni el Tribunal Supremo, ni ningún juez han dicho que tengan ningún tipo de obstáculo para investigar".

El Grupo Popular, satisfecho

Rodolfo Martín Villa, representante del Grupo Popular en la ponencia, aseguró que se encontraba muy satisfecho por las deliberaciones sostenidas ayer en el seno de la ponencia y afirmó: "El partido del Gobierno se acerca bastante a nuestras posiciones".

El proyecto de ley enviado por el Gobierno consta de siete artículos en los que, fundamentalmente, se crea una comisión parlamentaria integrada por el presidente de la Cámara y los diputados que tengan acceso a secretos oficiales de forma que los titulares de los departamentos que tengan asignadas partidas de gastos reservados informen semestralmente a la comisión sobre la aplicación y uso de estos fondos.

Mohedano explicó que el grupo socialista es partidario de que sólo los ministerios de Auntos Exteriores, Defensa y el de Justicia e Interior dispongan de este tipo de gastos reservados para, que gocen del carácter y las especificidades legales correspondientes, de forma que lo inicialmente previsto para la Administración Tributaria se llevará a la Ley del Contrabando.