Barrionuevo denuncia a los jueces que firmaron un escrito contra el Ejecutivo

El ex ministro del Interior, José Barrionuevo, presentó ayer un nuevo escrito ante el Consejo General del Poder Judicial en el que denuncia a cinco jueces firmantes de un manifiesto sobre los GAL publicado en la prensa el pasado fin de semana.Según el escrito de Barrionuevo, el citado manifiesto incluye "patentes censuras por actos de poderes, autoridades y funcionarios públicos", entre los que se cita al propio ex ministro, al que atribuye "algunos de los despropósitos cometidos en aquéllos años por los responsables del Ministerio del Interior".

Entre la treintena de firmantes del mundo de la cultura, la justicia y la Universdidad, se encuentran los magistrados de la Audiencia de Madrid Perfecto Andrés Ibáñez y Jorge Alberto Barreiro, la juez decana de Madrid, Manuela Carmena, el juez de instrucción Ramón Sáez y el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso.

Barrionuevo dice en su denuncia que el artículo 418.3 de la ley orgánica del Poder Judicial tipifica como falta grave cometida por los jueces o magistrados "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición". En opinión de Barrionuevo, la Comisión Disciplinaria del Consejo es competente para imponer las sanciones correspondientes a las faltas graves.

José Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia, aseguró ayer a que el ex ministro niega a los firmantes del manifestó su condición de ciudadanos: "Olvida que los jueces sólo son tales jueces cuando ejercen sus funciones jurisdiccionales y que, como ciudadanos, no pierden ninguno de los derechos fundamentales, entre otros, el de expresarse libremente".

Secreto del sumario

Por su parte, el Consejo del Poder Judicial abrió el pasado viernes una "información previa" sobre la denuncia de violación del secreto del sumario en el caso GAL, presentada por segunda vez por Barrionuevo, según Efe. En el plazo de treinta días, y tras la práctica de una serie de diligencias, la Inspección del Consejo tiene tres posibilidades de actuación: archivo de las actuaciones, apertura de diligencais informativas o hacer una propuesta de expediente disciplinario contra el juez Baltasar Garzón.

Por su parte, la secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer en Bilbao que resulta una "irresponsabilidad" crear dudas diarias sobre el funcionamiento de las instituciones y del Poder Judicial. "Flaco favor se hace al funcionamiento del Estado de Derecho democrático si alguien considera que algún juez no está funcionando correctamente. En caso de opinar de esa forma, hay instrumentos jurídicos para poner de manifiesto este mal funcionamiento", indicó la secretaria de Estado.