El alcalde y el concejal de Obras declararon el lunes ante el juez por supuesta prevaricación

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y el concejal de Obras, Enrique Villoria, declararon el lunes por la tarde ante el juzgado de instrucción número 30 (cuyo titular es Rafael Botella) por un supuesto delito de prevaricación y falsedad en la adjudicación de obras de dos polideportivos municipales. En octubre el grupo municipal socialista denunció los hechos ante el juez (incluye también a los otros nueve ediles de la comisión de Gobierno) y después se personó como acusación particular.

Tres tenientes de alcalde (Luis María Huete, Esperanza Aguirre y José Ignacio Echeverría) prestaron ya declaración ante el magistrado el 21 de diciembre. El concejal de Obras, Enrique Villoria, también acudió el lunes al juzgado para aportar su declaración por dicha causa. El regidor, que estuvo acompañado del jefe de la asesoría jurídica municipal José Antonio Ortega Naharro, y Villoria permanecieron hora y media cada uno declarando ante el juez.El alcalde había excusado previamente su declaración por un viaje que finalmente no se produjo, de modo que Álvarez del Manzano decidió aprovechar el hueco para acudir al juzgado.

Privatizado

El Ayuntamiento ha aportado ya parte del voluminoso expediente que el magistrado solicitó.

Los hechos que investiga el juez se refieren a la convocatoria de un concurso público en diciembre de 1992 para adjudicar las obras de finalización de dos polideportivos municipales, el de Pueblo Nuevo (en el distrito de Ciudad Lineal, inaugurado en octubre de 1992 y privatizado en julio de ese año) y el de Palomeras (en Puente de Vallecas, inaugurado en junio de 1992).

A pesar de que las instalaciones estaban rematadas, 15 empresas concursaron para llevarse los 105 millones que costaba rematar el polideportivo de Ciudad Lineal y otras 23 empresas para los 65 millones de las piscinas de Puente de Vallecas.

A primeros de marzo de 1993 el concejal de Obras, Enrique Villoria, firmó una propuesta para adjudicar el concurso a Ortiz y Cía (Pueblo Nuevo) y Ocisa (Palomeras), las que habían ejecutado las obras.

Demanda de la superioridad

Pero el interventor municipal paralizó la adjudicación en abril arguyendo que la partida (algo así como el cajón) de donde debía salir el dinero para pagar las obras correspondía al ejercicio de 1992 que ya estaba cerrado.

El gobierno municipal decidió pagar a las dos constructoras citadas el dinero en diciembre de 1993. Dos meses antes el arquitecto municipal encargado de supervisar las obras emitió dos informes iguales en los que justificaba la decisión de continuar las obras para "cumplir la demanda generalizada no sólo de la superioridad sino del público".

Enrique Villoria niega que cuando se convocó el concurso para la adjudicación de las obras en los dos polideportivos estas estuviesen ya realizadas. "Aunque en el caso del de Palomeras el enunciado del concurso se refiriese a piscinas, que efectivamente ya estaban hechas, se trataba de instalar el revestimiento y otros trabajos", explica. "En ese polideportivo hay obras desde 1992 y ha habido 13 fases de la construcción", agrega. "Cuando se fue a fallar el concurso se vio que parte de las obras estaban hechas y entonces había que suspender el concurso y convalidar el gasto", concluye."Lo máximo que puede haber ocurrido es que existiese: un error administrativo", afirma. "Además ni el alcalde ni yo ni ningún concejal se estudia los 70 u 80 expedientes que van en cada comisión de gobierno, nos limitamos a ver que están todos los informes y si el secretario da el visto bueno se aprueba", añade. "Yo ni siquiera propongo que se apruebe un expediente sino que conformo la propuesta de los técnicos y jamás ha variado los criterios de éstos, aunque podría hacerlo".