Sólo los tesoreros de los partidos, y no sus máximos dirigentes, responderán de los escándalos financieros

Las principales fuerzas políticas, entre ellas el PSOE y el PP, están de acuerdo en reformar la ley de partidos de 1978 para delimitar la responsabilidad de su gestión económica. Según la mayoría de los miembros de la Comisión sobre Financiación de Partidos, debe ser el tesorero o. encargado de finanzas quien, al nivel territorial de que se trate, responda, penal y administrativamente, de cualquier irregularidad. La responsabilidad de la dirección sería meramente política.

"Las cuentas no le salen a nadie, pero cada uno debe ser responsable de su pasado". La frase de Joxe Joan González de Txábarri, representante del PNY en la Comisión sobre Financiación de Partidos del Congreso, resume la conclusión unánime de los comisionados tras cerrar, el pasado 29 de diciembre, la investigación de escándalos que, como los casos Filesa o Naseiro, han sacudido los cimientos de la joven democracia española. Todos los grupos políticos admiten haber cometido irregularidades en su financiación, pero ninguno ilegalidades que, en todo caso, corresponde dilucidar a los tribunales. "Borrón, no. Cuenta nueva, sí", sentencia González de Txábarri."La sociedad española no admitiría el borrón y cuenta nueva. Y además, legalmente, es imposible", afirma el representante del PSOE, Fernando Gimeno. En su opinión, "ha habido irregularidades en la financiación de los partidos por el excesivo coste de las campañas, por la necesidad de implantar desde cero las estructuras partidarias, por la ausencia de legislación hasta 1987 y por las deficiencias de la misma, a partir de entonces".

Jaime Ignacio del Burgo, del PP, admite que todos han podido cometer irregularidades, pero ninguna comparable, a su juicio al caso Filesa, "que supone la institucionalización de un sistema para eludir la ley. No se puede decir que todos son corruptos porque se hayan financiado irregularmente. Hay corrupción cuando se recibe dinero a cambio de un favor político".

"La madre de la corrupción"

La relación entre la financiación de los partidos y la corrupción es uno de los ejes del debate. "A la sombra de los árboles crecen los hongos", afirma el representante de CiU, Josép López de Lerma. Menos enigmático, Luis Mardones, de Coalición Canaria, presidente de la comisión, sostiene que "la financiación irregular es la madre de la corrupción, pues da origen al fenómeno de los intermediarios y comisionistas".

"Un cierto descontrol en la financiación de los partidos, en la primera etapa de la democracia, pudo ser aprovechado como caldo de cultivo para prácticas corruptas" explica Gimeno. "La mayor parte de la corrupción es individual", agrega del Burgo. "Los partidos han sido utilizados muchas veces como coartada por quienes, en realidad, pedían dinero en provecho propio".

Felipe Alcaraz, de Izquierda Unida, cree que la corrupción es fruto de la angustia de los grandes partidos por recaudar fondos para sus costosísimas campañas electorales, en las que nos aplastaban a los demás con su. abrumadora presencia en los medios de comunicación y la calle". Alcaraz rechaza de plano el borrón y cuenta nueva5 pero advierte: "Debernos tener cuidado de no tirar al niño con el agua sucia".De cara al futuro, se trata de consensuar un sistema de financiación que sea "muy claro, muy contundente con los infractores y, sobre todo, que se pueda cumplir", como dice Luis Mardones. Frente a la hipocresía de la actual legislación, muy restrictiva pero que no se cumple, "hay que explicarle a la sociedad que la democracia es cara, pero más cara aún es la dictadura. Sólo la sinceridad puede darnos credibilidad", señala López de Lerma.La comisión iniciará en febrero, con la comparecencia de los responsables de finanzas y de expertos en el tema, el estudio de un nuevo sistema de financiación y previsiblemente elevará al pleno del Congreso, antes del verano, un dictamen proponiendo la reforma de las leyes sobre Partidos Políticos, de 1978; del Tribunal de Cuentas, de 1982; del Régimen Electoral General, de 1985; y de Financiación de Partidos, de 1987; entre otras.

Uno de los puntos sobre los que ya hay acuerdo mayoritario es la necesidad de "delimitar claramente la responsabilidad de la gestión económica de los partidos", en palabras de Del Burgo. Tanto Guillermo Galeote como Rosendo Naseiro, principales protagonistas de los casos Filesa y Naseiro, aseguraron ante la comisión que, aunque los estatutos de los partidos atribuyen a sus órganos de dirección la aprobación de las cuentas, los tesoreros tienen en la práctica gran autonomía, por lo que eximieron de toda responsabilidad a los máximos dirigentes del PSOE y el PP.