UGT utilizó a IGS como fuente de financiación, según los interventores

Los interventores judiciales de Iniciativas de Gestión y Servicios (IGS), gestora de la cooperativa PSV, consideran que UGT utilizó esta sociedad como fuente de financiación. Además denuncian el empleo de "artificios contables para maquillar" las pérdidas del grupo y la actuación de numerosas sociedades interpuestas. Según el dictamen, presentado ayer, el déficit patrimonial es de 14.176 millones de pesetas. El pasivo asciende a 42.266 millones de pesetas, que el activo es de 28.090 millones.

Así lo explicó ayer el interventor Francisco Prada. Este dictamen, que se ha presentado prácticamente al año de la admisión a trámite de la suspensión de pagos "por ser un caso muy peculiar" será ahora sometido al juicio de la empresa, según Prada.Según Prada, UGT utilizó tres mecanismos para financiarse a través de IGS. En primer lugar las 80.000 pesetas que cobraba por contrato a los cooperativistas en concepto de captación de publicidad y supusieron una entrada de 1.342 millones de pesetas entre 1991 y 1992. En segundo lugar, la compra del convento de las Arrecogidas en Madrid mediante un crédito con Banesto y, en tercer lugar, con la adquisición de una participación que tenía el sindicato alemán DBK en Unial y otras empresas de servicios por 900 millones de pesetas.

"No hemos encontrado ninguna operación que no esté contabilizada, aunque sí se han dado muchas inversiones que pueden ser calificadas de discutibles o equivocadas", según Prada, que presentó el dictamen en presencia del presidente de IGS y PSV, Valeriano Gómez. Según los interventores, la contabilidad de IGS era "heterodoxa y se hacia para aparentar una solvencia que no era real". Cinco fueron causas que citó Prada para explicar la situación de IGS: desordenado crecimiento en varios sectores económicos, la inexistencia del capital social necesario, la errónea concepción como macrocooperativa, la oposición del poder financiero y las malas relaciones entre UGT y el PSOE.

El dictamen afirma que nunca recibió capital real y los desembolsos se resolvieron en realidad por artificios contables mal coordinados en el tiempo. Los interventores aseguraron que no han encontrado documentación que confirme que el Gobierno conocía la crisis de IGS y PSV pero destacan que la Administración conocía la situación de algunas empresas del grupo como IGS del Mercado Hipotecario y Unial.

Las deudas con bancos y cajas son de 13.859 millones. La Caja Postal, Banesto, Caja España, Banco Exterior y Banco Hipotecario son los principales acreedores. Los interventores dijeron ayer que se abre un plazo para firmar un convenio de acreedores.

Entre los acreedores se encuentran las 29 familias que habían decidido recuperar su dinero antes de estallar la crisis. Ahora se intenta buscar una fórmula para estos cooperativistas a los que se les intenta pagar con el dinero de la venta de un edificio de IGS.

El administrador único de IGS y PSV, Valeriano Gómez, explicó que la segregación de las promociones "está prácticamente terminada" lo que permitirá iniciar un proceso de liquidación de activos. Reiteró, además, que IGS no contempla financiar el agujero de 14.176 millones de pesetas que se cubrirá con el impago de las deudas de la sociedad con UGT y PSV, superiores a los 18.000 millones de pesetas.