El juez investigó un aval público a la familia de un consejero catalán

El Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona ordenó recientemente a la policía que investigara cómo se liquidó un aval que concedió la desaparecida Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC), dependiente de la Generalitat, a la empresa Subirá y Cía, propiedad de la familia del actual consejero de Industria catalán, Antoni Subirá. El aval de 58 millones de pesetas fue concedido en 1981 y la empresa no lo devolvió, ya que quebró al poco tiempo. La deuda con la CARIC quedó saldada el 24 de noviembre de 1989 cuando otra empresa, Frisolca, entregó dos talones de la firma Inversiones y Negocios Inmobiliarios. Frisolca era una sociedad prácticamente inoperante que en aquellas fechas fue adquirida por Ramón Torrellas, cuñado de Subirá, quien había accedido a la consejería de Industria a finales de ese mismo año, 1989. La sociedad que hizo efectivo el pago, Inversiones y Negocios Inmobiliarios, era propiedad de Felip Massot Felip, miembro de la familia que controlaba el polígono Mas Blau, junto al aeropuerto de El Prat. La liquidación del aval coincidió con la venta y recalificación de terrenos propiedad de Torrellas -el cuñado de Subirá- a la familia Massot.El juez investiga si hay algún nexo entre la liquidación de la deuda y el beneficio de la recalificación y si de ello se pueden derivar responsabilidades penales del consejero.