La juez confirma el procesamiento de Salanueva por un fraude en el BOE

La juez Ana Mercedes del Molino ha confirmado el procesamiento de Carmen Salanueva, ex directora general del Boletín Oficial del Estado (BOE), y otras 10 personas por su implicación en un fraude en la compra de papel prensa que perjudicó a Hacienda en más de 500 millones de pesetas. La decisión definitiva sobre los recursos ahora desestimados corresponderá a la Audiencia de Madrid. El auto del Juzgado de Instrucción número 16 aprecia también indicios de malversación, cohecho y prevaricación.

La resolución desestima las alegaciones de los inculpados y, según informa Efe, sigue el criterio del fiscal y del abogado del Estado, que se opusieron a que se modificaran los procesamientos. Los 11 procesados seguirán en libertad provisional. Quedan ratificadas las fianzas impuestas para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias, que en el caso de Salanueva es de 200 millones de pesetas.La juez Ana Ferrer -de baja por maternidad, y a quien sustituye Ana Mercedes del Molino- había considerado, en resolución ahora confirmada, que los hechos investigados desde 1991 revisten los caracteres de los delitos de prevaricación [dictar resolución injusta a sabiendas], malversación de caudales públicos, fraude y cohecho [aceptación u ofrecimiento de dádiva o regalo por una actuación ilícita]. La resolución judicial considera que Salanueva y Julio Fernández González, jefe del departamento de producción del BOE de 1982 a 1992, "adoptaron la decisión de comprar el papel que debía utilizar el organismo para la confección del periódico oficial a determinadas empresas, por un precio muy superior al del mercado".

Apariencia de legalidad

La mecánica utilizada, según la juez Ferrer, consistió en relevar al funcionario Faustino Sancho Hernán y dar instrucciones concretas para que las compras las controlase Fernández, quien conocía el mercado papelero y organizó, dice la resolución, "una actividad defraudatoria que, bajo la apariencia de legalidad y utilizando siempre el procedimiento de contratación directa, ( ... ) posibilitó la adjudicación de los suministros de papel a precios previamente acordados y mucho más elevados que los del mercado".Las 11 adjudicaciones realizadas por ese procedimiento, con la participación de empresas invitadas para dar la apariencia de legalidad y concurrencia, supusieron un total de 2.385,5 millones, con un perjuicio inicial para la Hacienda Pública superior a los 500 millones. Además de las inhabilitaciones y multa que corresponden a algunos de los delitos, la pena de cárcel es de 12 a 20 años por el delito de malversación y de seis meses a seis años tanto para el fraude como para el cohecho.

Junto a Salanueva y Fernández, están procesados Guillermo Rafael Cervera Monfort, administrador único de la empresa Toixima; Santiago Sánchez Ezquerra y su hijo Luis Sánchez Acevedo -el primero, antiguo ingeniero de instalaciones en el BOE y ambos propietarios de la empresa Tecnicel-; José María Olmo Ortega, coadministrador de Grolpinsa; Enrique José Vidal Lorenzo, director de ventas del grupo Enso; Anton Soroa Carrera, consejero-delegado de, Pepelera Udalar; Lorenzo Cavanillas García de Carellan, administrador único de Papel6; y Otho Milcael Nuottamo, director gerente de Enso y representante en España de Enso Gutzeit. Además, sigue procesado Jack Kelly, amigo de Salanueva y, según la juez, testaferro de aquélla.

Además de la fianza de 200 millones de pesetas impuesta a Salanueva para asegurar el pago de las indemnizaciones EL las que pudiera ser condenada, las fianzas ahora confirmadas con igual finalidad son de. 125 millones para Fernández; 65 millones a cada uno a Soroa, Mikael Nottamo y Vidal Lorenzo; 50 millones a cada uno a Cervera Monfort, Sánchez Ezkerra, Sánchez Acevedo, Cavanillas y Olmo Ortega, y 15 millones a Kelly.

60 millones para la directora

La resolución judicial confirmada relata que como consecuencia de los 11 expedientes a los que se circunscribe la investigación, "Salanueva ha recibido, al menos, 60.332.902 pesetas, como pago de las adjudicaciones aprobadas a favor de las empresas ( ... ) que habían cobrado los elevados precios a los que se efectuaron las adjudicaciones para el suministro de papel".Según Andrés Planas, abogado de la ex directora general del BOE, en la Audiencia Provincial "hay más esperanzas" de que prospere su recurso, "porque es un órgano distinto, que no está contaminado por, la instrucción de la causa" y, por tanto, "más objetivo a la hora de decidir si existen o no, indicios racionales de criminalidad".