La caza

Uno de los aspectos; más desmoralizadores de la historia de las prácticas económicas y financieras de los años ochenta y primeros noventa, en España ha sido la reluctancia/dificultad de los jueces para llevar al banquillo a aquellos responsables de haber abusado de su posición y de sus instituciones. En los meses siguientes a la intervención del Banco Español de Crédito (Banesto), era dificil hallar en la elite dirigente de éste país a alguien que diera dos chavos por una posible querella criminal o denuncia del Fiscal General contra el ex presidente de la entidad, Mario Conde. El mismo Conde ha esgrimido la ausencia de esa querella como la prueba suprema de que su destitución fue una operación "política".Tras la detención de Javier de la Rosa, va a hacer un mes, la élite española ya Io tenía claro: la querella contra Conde estaba prácticamente redactada. El ex presidente al comentar en privado los avatares de De la Rosa, según fuentes solventes, dijo: "Ya he encargado ropa a mi sastre porque yo no me pienso poner un chándal usado". Fue lo que tuvo que hacer JR al ingresar en la Modelo de Barcelona. La investigación de la Fiscalía y la Audiencia Nacional sobre los presuntos actos fraudulentos de los que se podría acusar a Mario Conde no comenzó, como mucha gente supone, días después de la intervención. El 10 de enero de 1994, el entonces fiscal general, Eligio Hernández, tomó contacto con el Banco de España. El gobernador, Luis Angel Rojo, le envió la documentación pocos días después del 1 de febrero, tras la firma del inforne de la inspección bancaria sobre Banesto. Hernández recibió más de 2.000 folios.

En los primeros días de abril, después de ver muy por encima algunos papeles, la Fiscalía remitió la documentación a la Audiencia Nacional. Los problemas de PSV, los casos Roldán, Ibercorp y Rubio, atraían por entonces la atención de los fiscales. A finales de mayo, por fin, Eligio Hernández fue apartado de su puesto. La crónica a partir de allí sigue así: el nuevo fiscal general, Carlos Granados, se entrevistó en julio con el gobernador, Luis Angel Rojo. En la reunión se habló de Banesto en un contexto más amplio: la colaboración que podía prestar el banco emisor en las escuelas judiciales para perfeccionar la capacidad judicial en la lucha contra los delitos económicos. Granados manifestó al gobernador que aún cuando existían varios casos de importancia aún pendientes, tenía el firme propósito de estudiar posibles actuaciones en el caso Banesto.

A primeros de agosto, el Banco de España recibía una petición de ayuda de los fiscales para abordar los presuntos delitos cometidos. El banco puso a disposición de la Audiencia Nacional dos inspectores, uno que ha llevado el asunto desde hace muchos años y otro con conocimientos sobre las "operaciones especiales" del equipo de Mario Conde. La colaboración empezó a materializarse en el mes de septiembre. Por tanto, la investigación de los fiscales es muy reciente. Ciertamente, han surgido nuevos hallazgos en los últimos meses sobre las prácticas de Conde y sus colaboradores. Pero tanto éstos descubrimientos como los esquemas que ya manejaba el expediente disciplinario del Banco de España exigen todavía atar muchos cabos desde el punto de vista de la calificación de los presuntos delitos.

El pliego de cargos del citado expediente, que dedica su punto quinto a la realización de "actos fraudulentos y utilización de personas interpuestas", fue entregado a los acusados el 10 de mayo. Y aunque no habrá propuesta de resolución hasta mediados de 1995, es posible que antes de finales de noviembre, el letrado instructor, José Manuel Díez Gómez, asigne las responsabilidades individuales a cada uno de los expedientados. Tanto estos detalles, como el dictamen que habrá de aprobar la comisión Banesto el 25 de noviembre, que será llevado a un pleno del Congreso el 1 de diciembre, serán elementos importantes para la actuación judicial.

Hasta cierto punto la detención de JR fue un rayo en el cielo sereno del sistema judicial español, cuya capacidad de iniciativa era puesta en tela de juicio. Los fiscales Jiménez Villarejo y Mena actuaron al estilo anglosajón, como lo hicieron el fiscal de Nueva York, Rudolph Giuliani, y su asistente, Benito Romano, en los años ochenta contra Michael Milken, Ivan Boesky, Dennis Levine y compañía. Pero no es menos cierto que las operaciones diseñadas por Conde -desde el poder que confería la presidencia de Banesto- requieren más estudio que las de su colega Javier de la Rosa. Este, por otra parte, pasaba por sus momentos más bajos en la práctica de las chapuzas financieras.