Sotos pedirá un careo con Sebastián Reyna para intentar mostrar la implicación de UGT en PSV

Carlos Sotos, el único inculpado del caso PSV ahora en prisión, pedirá un careo con el secretario de Finanzas de UGT, Sebastián Reyna, cuando comparezca ante el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, el próximo día 23. Los abogados de Sotos, que han solicitado la comparecencia de su defendido ante el juez Moreiras pretenden demostrar que el o de la cooperativa de viviendas PSV-IGS supera a la mala gestión de una sola persona, Carlos Sotos, ex presidente de IGS. Sotos también pedirá un careo con el yerno de Nicolás Redondo, José Ignacio López, y con Antonio González Tascón, anteriores responsables de las aseguradora Unial, que fue la espoleta que hizo estallar PSV.

"Desde que el juez de delitos monetarios, Miguel, Moreiras, detuvo a Carlos Sotos le hemos pedido que le siga tomando declaración", aseguran fuentes de la defensa del ex presidente de IGS. El primer motivo, añaden, es que sólo fue interrogado por la acusación antes de ingresar en prisión, y ellos quieren que responda también a las preguntas de la defensa. Además, desde el ingreso en prisión de Sotos, el pasado 29 de junio, se han producido múltiples declaraciones de los anteriores responsables tanto de PSV-IGS como de Unial. Los abogados de Sotos creen que el objetivo de todos los que han declarado y están ligados a UGT es "echar toda la tierra" sobre su cliente.La única solución para "demostrar" que "el fiasco de PSV" no puede ser obra de una sola persona es, a juicio de los abogados de Sotos, someterse a un careo con quienes le han responsabilizado de toda la mala gestión del proyecto. Añaden que es impensable que UGT no estuviera al tanto, de lo que ocurría en la cooperativa.

Sebastián Reyna, actual responsable de finanzas de UGT, fue consejero de IGS incluso antes de estallar la crisis. Reyna entra en 1990 en la dirección de UGT como responsable de finanzas en sustitución de Paulino Barrabés, el dirigente socialista que acompañó a a Sotos en las dos primeras semanas de prisión. Reyna llegó a la dirección de UGT dos años después de que se pusiera en marcha PSV-IGS.

Fuentes cercanas a Sotos afirman que es mas que improbable que UGT no conociera las operaciones que ayudaron a mejorar su situación financiera. Recuerdan las 80.000 pesetas que cobraba el sindicato de cada cooperativista que se apuntaba en el proyectó, y la compra-venta de la actual sede de la central en la calle Hortaleza de Madrid.

Responsables de Unial

Las otras dos personas con las que Sotos quiere un careo son los anteriores responsables de la aseguradora Unial, ahora disuelta. González Tascón, ex director comercial de Unial, abrió la caja de los truenos en su declaración ante Moreiras y centró toda la responsabilidad del fiasco en Carlos Sotos. Después, el yerno de Nicolás Redondo abundó en la tesis de que Sotos, desde IGS, era quien ordenaba lo qué debía hacerse en Unial. Los abogados de Sotos recuerdan que éste no formo nunca parte de la dirección de la aseguradora, y que la incorporación de Unial al grupo de empresas de IGS fue uno de los negocios ruinosos que asumió la gestora de PSV.La defensa de Carlos Sotos asegura que el, día 23 entregarán a Moreiras pruebas documentales de que UGT respaldó expresamente la gestión del expresidente de IGS en el año 1993, después de que estallara el escándalo.

Mientras, la construcción de las más de 12.000 viviendas que tienen pendientes PSV e IGS está en los tribunales. En lo que va de mes, el caso PSV acumula cuatro autos judiciales, seis recursos y una denuncia.

El último capítulo del embrollo PSV comenzó el 28 de octubre por la querella de 3.000 cooperativistas que reclamaron su dinero. El juez Moreiras fijó una fianza de 65.000 millones de pesetas a los cuatro inculpados de PSV, Carlos Sotos, Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Francisco Hernández, y declaró responsables civiles subsidiarios a IGS-PSV y al sindicato UGT.

El pasado día 2, el juez que tutela la suspensión de pagos de PSV, José Antonio Enrech Salazar, reaccionó a "la decisión poco meditada" de su colega con otro auto, en el que suspende el proceso de suspensión de pagos en PSV y cesa la intervención judicial. El día 4, Moreiras presenta una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial porque cree que las afirmaciones de Enrech incluyen "frases injuriosas" contra su persona. Moreiras, además, dicta una providencia en la que da de plazo hasta mañana lunes a los querellantes para que retiren sus demandas si se quiero que retire la fianza y siga el proceso de desgregación de la cooperativa, paralizado a consecuencia de su primer auto.

La juez que tutela la suspensión de pagos en IGS, por su parte, dicta el día 11 un auto en el por el que que no se podrá embargar nada hasta que concluya la suspensión de pagos.

Mañana concluye el plazo dado por Moreiras para que los querellantes que lo deseen retiren su demanda y no entre en vigor la fianza y el embargo. Moreiras tendrá que sopesar su decisión entre los más de 3.000 querellados que quieren el dinero y los 4.000 socios que quieren su vivienda.