El fiscal envía al Supremo la denuncia del PP sobre el uso de fondos reservados

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, ha decidido remitir a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la denuncia presentada por el coordinador de asuntos jurídicos del Partido Popular, Federico Trillo, sobre el uso presuntamente delictivo de los fondos reservados del Ministerio del Interior entre los años 1987 y 1994. Trillo valoró la remisión al Supremo como una confirmación del fiscal de que "existen indicios de criminalidad en este caso", aunque el tenor literal del escrito de la fiscalía recoge en condicional esa posibilidad.En realidad, la Fiscalía del Estado remite al caso al alto tribunal porque la denuncia alude expresamente a ministros del Interior, contra los que sólo puede proceder el Tribunal Supremo.

En las consideraciones jurídicas dirigidas a la Sala Segunda del Supremo, el fiscal general explica que sus posibilidades de actuación son: abrir una investigación, siempre que no exista ya un proceso judicial por los mismos hechos; dar traslado de la denuncia a la autoridad judicial correspondiente; formular una querella, o decretar el archivo de la denuncia si los hechos no son constitutivos de delito.

"A la vista de que en la denuncia se alude expresamente como posibles responsables a ministros del Interior, es claro que el proceso concierne a personas que gozan de fuero procesal ante la Sala Segunda. Consta por notoriedad la condición de diputados de algunos de los últimos ministros del Interior, lo que se une al dato de que la denuncia estaría relacionada con el ejercicio de sus cargos", agrega el escrito.

La condición de diputados "haría precisa en su momento, de detectarse la existencia de indicios de criminalidad, la petición del correspondiente suplicatorio", cuya tramitación corresponde exclusivamente a la Sala Segunda.

Investigación improcedente

Para Carlos Granados, las anteriores razones "hacen desaconsejable, si no improcedente, la apertura de una investigación por parte del fiscal, genéricamente autorizada por la ley. Esa investigación podría significar en cierta manera una vía para eludir la atribución de competencias establecida para personas aforadas". Esta es la tercera denuncia sobre el asunto de fondos reservados que no da lugar a la apertura de una investigación. La primera, formulada por el empresario José María Ruiz Mateos mediante recortes de prensa, fue archivada por el juzgado de instrucción número 20.Otra denuncia, formulada por el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez ante el Tribunal Supremo, precisamente en razón del aforamiento de los denunciados, fue remitida por el alto tribunal al juzgado de instrucción número 16, que instruye el caso Roldán, al ser el ex director de la Guardia Civil uno de los principales implicados.