La reforma de las dietas desata una crisis institucional en la Asamblea

Madrid - 08 nov 1994 - 00:00CET

El PP plantó ayer a la izquierda regional (IU y PSOE). Por primera vez en la legislatura, los populares abandonaron la reunión de la Mesa de la Asamblea -órgano institucional que aprueba semanalmente la actividad parlamentaria- por culpa de la "actitud caciquil" del presidente del Parlamento regional, Pedro Díez, (IU), según declaró el popular Antonio Beteta. Tres horas de debate entre los parlamentarios no sirvieron para acercar posturas. Encima de la mesa esperaba la controvertida propuesta del PP: aumentar las dietas por asistencia a pleno (de 20.000 pesetas a 50.000) y disminuir la remuneración por acudir a comisiones (de 20.000 a 3.500 pesetas). Esta moción recoge el mismo modelo de dietas que el PSOE defiende desde que se abrió el debate -hace más de un año- sobre las remuneraciones de los diputados regionales.El PP abandonó la sala al descubrir el acuerdo entre IU y PSOE para aplazar siete días la decisión definitiva sobre la modificación del sistema de dietas que actualmente rige en la Asamblea de Madrid.

Los populares tienen prisa por aprobar su propuesta: "Leguina dijo hace unas semanas que sufríamos dietitis y que el síntoma de esta enfermedad era que pedíamos numerosas comisiones. Pues bien, hemos demostrado que no era así, pero ahora es la izquierda la que no quiere modificar el actual sistema de dietas", declaró el portavoz popular, Antonio Beteta.

Pedro Díez, presidente del Parlamento regional, aseguró ayer que el plantón del PP obedecía a intereses puramente electorales. "No sé si quieren iniciar aquí su campaña, pero no sería bueno que sometieran la institución a sus objetivos desestabilizadores", señaló. Díez contestó a sus acusadores, que le compararon con un cacique: "Ellos pecan más de caciquismo cuando vienen con una decisión ya tomada y no atienden a ningún tipo de razones".

Izquierda Unida, grupo parlamentario que se opone al sistema de dietas que presentó el PP, defendió ayer la necesidad de variar la organización de las sesiones parlamentarias antes de fijar las cantidades que deberán cobrar los 101 diputados. Javier Doz (IU) cuestionó también las cifras elegidas por el PP. Doz interpretó que habría diputados gravemente perjudicados con las 3.500 pesetas por una comisión parlamentaria mientras otros, con menos trabajo, saldrían muy beneficiados al recoger 50.000 por acudir al pleno. Beteta considera que los grupos tienen mecanismos para "compensar a los que más se esfuercen".

PASA A LA PAGINA 5

Los 101 diputados regionales tendrán que declarar sus bienes e intereses

VIENE DE LA PÁGINA 1

Las dietas parlamentarias ocasionaron ayer una fractura grave en las relaciones de los tres grupos con representación en la Asamblea de Madrid. Un minuto antes, habían conseguido pactar diversos aspectos de la reforma del reglamento de la Cámara, empantanada desde hace dos años.

La reforma consensuada por IU, PSOE y PP, que ayer resaltó el presidente de la Asamblea, Pedro Díez, establece la creación en la Asamblea de Madrid de un registro de bienes e intereses donde los diputados regionales deberán declarar su patrimonio. Además, el reglamento favorecerá "un duro tratamiento" a los diputados tránsfugas.

Las comisiones parlamentarias, actualmente 19, reducirán su número, explicó Díez. La reforma del reglamento también afectará a los debates sobre el estado de la región, que se convocan habitualmente en el mes de octubre. En los años electorales, los diputados han decidido eliminar la sesión extraordinaria. Por tanto, si se aprueba este cambio en el reglamento de la Asamblea, el próximo Gobierno regional que resulte elegido tras las elecciones de mayo próximo no deberá someterse al examen anual de la oposición.

Las comisiones de investigación, que, según el Reglamento actual, deben, ser secretas, también han recibido el retoque de los parlamentarios. Con la nueva normativa, estas comisiones serán públicas.

Los grupos parlamentarios han acordado modificar la Ley Electoral vigente para decidir un nuevo régimen de incompatibilidades de los altos cargos. También han aceptado que directores generales y viceconsejeros de la Comunidad puedan sustituir en algunas comparecencias a los consejeros del Gobierno citados por los diputados regionales.

Los juristas del Parlamento buscarán un solución, por acuerdo de los grupos, para obligar al Ejecutivo a cumplir las resoluciones que se aprueben en las sesiones plenarias. Todos los años, el PP critica al Gobierno regional por incumplir decenas de propuestas que han sido aprobadas en pleno.

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